ARDID ES LA PALABRA CLAVE EN CASO KODAMA
Contraloría acusa "ardid" de ex jefes del Serviu y dice que deuda a Kodama no supera $ 131 millones
Acuerdo entre los ex colaboradores del Minvu y la constructora fijó indemnización en $ 17 mil millones.
por J.M. Wilson y M. Valencia
Ampliar A una reunión extraordinaria convocó ayer el Presidente Sebastián Piñera, a las 17.40, al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter; la vocera de Gobierno, Ena von Baer, y la jefa de asesores presidenciales, María Luisa Brahm.
La Moneda había recibido una hora y media atrás el informe de la investigación especial de Contraloría sobre la polémica indemnización pactada entre el Serviu Metropolitano y la constructora Kodama. La indagación había surgido por una denuncia del senador Alejandro Navarro, quien fue el primero en recibir una copia del informe, a las 15.24 horas, vía correo electrónico.
En el documento, la entidad fiscalizadora advierte un "ardid" para evitar que la Contraloría revisara el monto de la indemnización y cuestiona las "conductas destinadas a obtener rápidamente" una autorización del Ministerio de Vivienda para pagar a Kodama sin antecedentes técnicos ni jurídicos que avalaran la medida.
El acuerdo -que se fijó en $ 17 mil millones- se basaba en el reclamo de la constructora por mayores gastos en la construcción de un corredor vial en avenida Pedro Aguirre Cerda, según una licitación realizada en 2006.
Producto de esto la empresa demandó al Serviu por más $ 41 mil millones, pero desistió de la acción luego de que se alcanzara un acuerdo entre abogados de la firma y funcionarios del Serviu y del ministerio, entre ellos, Alvaro Baeza, asesor jurídico de la ex ministra de Vivienda, Magdalena Matte.
En sus conclusiones el informe menciona que si hubiese procedido un pago sólo correspondían $ 131.351.373, un monto 126 veces más bajo que los $ 16.636.412.630 que visó Matte, por sugerencia de Baeza y las autoridades del Serviu. Aun así, la entidad fiscalizadora desliza que la indemnización estaba prescrita y no se ajustaba a las bases contractuales.
"Se advierte la existencia de un 'ardid', toda vez que, algunos funcionarios del servicio y del ministerio, por una parte, realizaron actuaciones destinadas a omitir el control de legalidad de esta Contraloría General", se lee en el documento, que sostiene que una transacción de ese tipo debía someterse "necesariamente" al trámite de toma de razón.
Si bien Contraloría no incluye a Matte en el supuesto "ardid", establece que la ex ministra no fue asesorada debidamente y no ejerció un control efectivo de los servicios bajo su dependencia.
La conclusión del órgano fiscalizador alude a una de las principales dudas sobre una presunta colusión entre funcionarios del Serviu y representantes de la constructora para pactar un monto. Esto, además, fortalece la línea de investigación que lleva adelante el fiscal José Morales, que indaga un eventual fraude al Fisco.
En La Moneda, los cálculos apuntaban a que el informe daba piso para anular el proceso de indemnización y, de paso, no salpicaba a nuevas autoridades.
El documento de 60 páginas -elaborado conjuntamente por dos divisiones del organismo: Auditoría Administrativa e Infraestructura y Regulación- centraba las indagaciones en seis personas.
Además del rol de Matte y Baeza, el informe menciona, además, al ex director del Serviu, Antonio Llompart, el ex subdirector jurídico del servicio Rafael Marambio, el ex subdirector de Pavimentación, Franz Greve y la jefa jurídica del Minvu, Mirna Jugovic.
El texto finalmente notifica que Contraloría iniciará un sumario en atención a que algunas actuaciones de "servidores, funcionarios y agentes públicos podrían constituir una transgresión de sus deberes y a las normas sobre probidad administrativa". Con esta frase el órgano fiscalizador da cuenta de que el sumario podría abarcar desde Matte, (en vista de la calidad de "servidor público" que poseen los ministros), hasta Baeza (quien era funcionario a honorarios y cae en la categoría de "agente público").
Ofensiva de La Moneda
En la reunión realizada ayer en la tarde en La Moneda, la instrucción de Piñera fue reforzar que el contrato había sido heredado del gobierno de Michelle Bachelet y que la actual administración actuó en forma transparente frente a las denuncias.
Si bien la Contraloría no profundizó en la gestación del contrato con Kodama, ayer, la vocera de Gobierno, Ena von Baer, dijo que "el informe también pone sobre la mesa el hecho de que en este caso se cometieron errores desde un principio, desde el año 2006, en la forma en que se realizó la licitación".
A su turno el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, dijo que su cartera "reconoce que se cometieron errores en los procedimientos de control interno". Para evitar episodios similares el ministro anunció que mejorarán los procesos y controles internos, estandarizarán las bases para licitaciones y, además, iniciarán auditorías al interior del Serviu.
En la oposición, en tanto, se levantaron voces que buscan reflotar la presentación de una acusación constitucional en contra de Matte.
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN .
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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