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sábado, septiembre 07, 2013

MINERIA Y RECURSOS HIDRICOS EN COQUIMBO

Gremio minero de Coquimbo analizará situación hídrica de la región

Con el lema "Avanzando hacia una Gestión Integrada de los Recursos Hídricos" el Consejo Regional Minero de Coquimbo (Corminco), la Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP) y el Capitulo Chileno de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea (Alhsud), realizarán jueves 12 de septiembre un seminario regional que busca analizar y proyectar el escenario hídrico en la región para los próximos años.

El encuentro se realizará en la Universidad Tecnológica INACAP de La Serena y espera convocar a los principales actores del recurso agua de la zona de Coquimbo, desde empresas mineras, proveedores, autoridades de gobierno, consumidores y agricultores.

Desde la minería, el gerente de Corminco, Antonio Videka, subrayó que este seminario pretende "aportar conocimiento a la discusión pública de un elemento tan importante como el agua, temática en la cual la minería quiere participar como uno de los usuarios del recurso".

Programa

El programa del evento incluye presentaciones de Eugenio Celedón, presidente de ALHSUD Capitulo Chileno, quien abordará el "aumento de disponibilidad de Agua por infiltración y uso de embalses subterráneos"; Pablo Rengifo, de GeoHidrología S.A., con "recarga artificial de acuíferos en Chile: proyectos en ejecución en acuíferos de Santiago (SCM) y Aconcagua (DOH)"; y Luis Simón Figueroa, abogado de Figueroa Asociados, con "Valoración del estatus jurídico del derecho de aprovechamiento hídrico en Chile".

Las intervenciones de carácter regional consideran a Carlos Galleguillos, Director Regional de Aguas, y Mario Jofré, presidente de la Comisión de Recursos Hídricos de Corminco. También tendrán un espacio los presidentes de las Juntas de Vigilancia de los ríos Elqui, Limarí y Choapa.

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Fuente:QUEPASAMINERÍA

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Rodrigo González Fernández
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indigena chile:

Consulta Indígena: Mesa en la mira

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Consulta Indígena: Mesa en la mira

Después de siete reuniones de negociación para definir el reglamento ligado al Convenio 169, en las que han participado representantes de las distintas etnias, algunos dirigentes definen la próxima cita como el hito decisivo: sale humo blanco o se acaba el diálogo. 

Por Andrés Pozo B.

Una treintena de asesores en materias técnicas y jurídicas han participado en el extenso proceso de elaboración del reglamento de consulta indígena, bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Entre octubre y febrero, gran parte de ellos, junto a las comunidades, trabajaron en las nueve propuestas que se hicieron llegar a La Moneda. 

Desde marzo, líderes mapuches, aimaras, collas y diaguitas, entre otros pueblos, se sentaron en una mesa de consenso con el gobierno. En las siete sesiones que se habían realizado hasta el cierre de esta edición, habían participado en promedio más de 60 personas en cada una de ellas. El diálogo entre indígenas y autoridades partió el 12 de marzo con un protocolo de buenas intenciones. Se hablaba de "diálogo genuino" y de "buena fe". 

Pero el camino ha sido más duro. En diciembre se calculaba que el acuerdo final del reglamento estaría entre mayo y junio, sin embargo se ha ido entrampando. En la reunión de la mesa de consenso de fines de mayo, los pueblos aimaras de Arica-Parinacota y Tarapacá, quechua de Tarapacá y lickanantay de Antofagasta emitieron una dura declaración en contra de la instancia, saliéndose del diálogo. 

Al cierre de esta edición, las perspectivas para la mesa eran inciertas. Aunque los líderes que continúan en ella manifiestan voluntad de terminar de buena forma -ya que tienen gran parte del articulado acordado-, hay tres puntos que mantienen en vilo su éxito. En el gobierno hay optimismo de que se cierre pronto el articulado. 

Con ese panorama, la octava mesa de consenso -que se realizaría durante la primera semana de julio- podría marcar un hito clave: sale humo blanco o, por el contrario, se agota toda posibilidad de entendimiento. 

Según el presidente de la instancia, Marcial Colín, lo único que resta es una definición política de querer dar un salto cualitativo en la relación con el mundo indígena. Mirna Cortés, presidenta de la Mesa Provincial Indígena Copiapó-Chañaral, dice que, después de nueve meses de trabajo, "no vamos a darnos por vencidos hasta encontrar la mejor fórmula para los puntos en que no hay acuerdo". 

Tira y afloja 

"Estamos discutiendo el corazón del reglamento", resume la presidenta del Consejo Nacional Aymara, Cecilia Flores, respecto a las diferencias que se deberían negociar con el Ejecutivo.

Los pueblos indígenas buscan mejorar su posición en tres aspectos: cómo tratar los proyectos de inversión, qué se entiende por afectación directa, y qué tipos de medidas del Estado deberán ser consultadas.

De ellos, el más importante es el primero y la posición está clara: los proyectos de inversión deben consultarse bajo las reglas que se acuerden en esta mesa y no con el mecanismo del nuevo reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que está en toma de razón en Contraloría. Colín y otros dirigentes se reunieron con el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, para que se saque el mecanismo, que califican de "inconsulto". 

Según explican, lo ideal sería que el reglamento del SEIA haga una referencia directa al Convenio 169 y especifique que el mecanismo de consulta será el acordado por esta mesa. 

Para Flores, en caso que se hiciera mediante la propuesta del SEIA, significaría bajar del nivel que impone el Convenio. Agrega que también es necesario que se consulte la entrega de concesiones de exploración minera. 

Esta idea ha recibido el apoyo desde fuera de la mesa. El académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile Rodrigo Egaña cree que puede terminar complejizando la Ley de Bases del Medio Ambiente, especialmente porque hay aspectos que no están fijados en ella, como que el Estado se obligue a realizar una consulta a pueblos indígenas.

mesa1

Entre el 30 de noviembre y 2 de diciembre pasados, más de 250 representantes indígenas de los nueve pueblos originarios del país se reunieron para discutir sobre el derecho a consulta según el Convenio 169.

¿Mesa legítima?

Para los representantes de pueblos que se bajaron de la mesa a fines de mayo, el punto detonante fue no tener representación en un grupo reducido que se conformó para redactar los artículos finales del reglamento. Así lo explica Wilfredo Bacián, de origen quechua, quien enfatiza que, si bien valora el proceso que se estaba impulsando, no funcionó como se esperaba. 

El problema central, a su juicio, es la representación de esta mesa, ya que está trabajando sólo el 10% de los indígenas que participaron del gran encuentro que realizaron las comunidades en Santiago entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre del año pasado. 

El abogado Alonso Barros -experto en temas indígenas y asesor de los grupos que se bajaron de la mesa- valora este proceso de diálogo, pero asegura que es tema recurrente cuestionarse la legitimidad de los representantes.

Al interior de la instancia de discusión no concuerdan con estas visiones. Flores defiende su participación y dice que siempre ha trabajado con sus comunidades. Además, cuestiona que parte de quienes se salieron de la mesa de consenso a fines de mayo, pocos días después hicieron llegar una contrapropuesta de reglamento. 

Mirna Cortés agrega que en la instancia están los verdaderos dirigentes, que todo el año trabajan con sus comunidades y que no lucran con esta representación. Barros, en tanto, reconoce que hay dirigentes en la mesa que sí tienen legitimidad y que, por lo tanto, "se juegan el honor" en este reglamento, por lo que se podría esperar que el resultado final sea un paso hacia adelante. Aunque es escéptico de los resultados, dice que "si esta mesa logra rayar la cancha al próximo gobierno en materia indígena, ya habrá logrado algo objetivo".


OIT: "No se ha demostrado que la consulta cause atraso en la inversión"

Para Kirsten-María Schapira, especialista principal en Normas Internacionales y Relaciones Laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono Sur de América Latina, más que "problemas" en la implementación del Convenio 169, debería hablarse de "desafíos", pensando que se trata de un proceso. 

Según su visión, la ratificación del Convenio 169 en Chile marca un antes y un después en la relación con los pueblos indígenas, porque "inscribe a Chile como uno de los países claramente decididos a asumir un compromiso nacional con los derechos de los pueblos indígenas que habitan en su territorio y con el mejoramiento de sus condiciones de vida y trabajo". Agrega que este tratado -que ha sido ratificado en total por 22 países- "proporciona una plataforma sólida para el desarrollo de un diálogo social constructivo que permita contribuir a mejorar la situación" de los indígenas. 

Schapira estima que si bien el Convenio es una herramienta importante para alcanzar el desarrollo sostenible, "el establecimiento de los mecanismos de consulta sigue siendo uno de los principales desafíos que se plantean en una serie de países". Pero enfatiza en que la consulta es una forma clave de diálogo que sirve para armonizar intereses contrapuestos y evitar, así como también resolver, conflictos. 

Consultada sobre los efectos que puede traer en la inversión, la experta de la OIT dice que "todos los procesos, ya sean de índole político o vinculados con la economía, están sujetos a ciertas reglas y requisitos que tienden a garantizar más armonía y consenso en los proyectos previstos. Son herramientas para evitar posibles conflictos que sí podrían obstaculizar o aplazar la ejecución de, por ejemplo, proyectos de inversión. La experiencia comparada de otros países que también lo han ratificado no ha demostrado que la consulta causó un atraso en la ejecución de proyectos de inversión".

Modificado por última vez Viernes, 05 Julio 2013 13:09

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Piñera profundiza críticas a Poder Judicial por Golpe previo a pleno de Suprema

Presidente dijo ayer que los tribunales "no estuvieron a la altura".

por Andrés López
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"El Poder Judicial no estuvo a la altura de sus obligaciones y desafíos". Con estas palabras, el Presidente Sebastián Piñera reforzó ayer sus críticas respecto del rol jugado por los tribunales frente a las violaciones a los DD.HH. durante el régimen militar.

A pocos días de los actos de conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado, el Mandatario sostuvo -en un encuentro con corresponsales de la prensa extranjera- que "por mandato constitucional les correspondía cautelar los derechos de las personas y proteger las vidas, por ejemplo, acogiendo recursos de amparo que rechazó en forma masiva".

Pese a que el Jefe de Estado ya había aludido a la responsabilidad del Poder Judicial, las declaraciones de ayer -en las que profundizó su cuestionamiento- no pasaron inadvertidas en el Palacio de Tribunales.

El tema marcó la jornada de ayer de los funcionarios y jueces, especialmente de los ministros de la Corte Suprema que sostendrán hoy un pleno para revisar el contenido del mea culpa realizado el miércoles por la Asociación de Magistrados.

Ese día, el organismo redactó una carta en la que sostienen que "ha llegado la hora de pedir perdón a las víctimas", y emplazan a la Corte Suprema a realizar una "reflexión crítica" sobre "sus propias actuaciones y omisiones".

Algunos miembros del máximo tribunal consultados por La Tercera concordaron en la necesidad de realizar un pronunciamiento sobre el contenido de la carta. Sin embargo, indicaron que el organismo debe aclarar públicamente si ese pronunciamiento representa a la totalidad de la entidad, que reúne al 70% de los jueces del país.

Ayer, el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, dijo que los jueces estaban en su derecho al pedir perdón como asociación. "Ellos pueden hacer peticiones (...). Está en la Constitución política el derecho a petición o, como vulgarmente se dice, el derecho a pataleo", comentó.consu

Fuente:latercera

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