AUDÉNICO BARRÍA Las declaraciones que han efectuado los principales testigos del fraude perpetrado en el gobierno regional de Valparaíso ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados han permitido establecer que un grupo de funcionarios públicos se coludió para defraudar de manera sistemática al fisco.
Según el presidente de la comisión, Edmundo Eluchans, "esto fue organizado desde el gobierno regional con participación de muchas personas".
El parlamentario sostiene que "hay quienes idearon la maniobra, otros que la ejecutaron y otros que, a lo mejor, tuvieron sólo conocimiento y toleraron que se permitiera".
Si bien se ha establecido cómo se perpetró el fraude, no está claro aún cuántas personas participaron y el destino de los dineros defraudados, que se calculan en unos 1.500 millones de pesos.
Sobre esto último, las versiones de los dos únicos inculpados confesos de haber participado, el ex Jefe de Finanzas, Lorenzo Leiva, y el contratista Eugenio Aubele, son contradictorias.
Aubele sostiene que cobró cheques por unos 900 millones de pesos, pero entregó el dinero en dos ocasiones al ex jefe de Gestión y Control, Julio Medina, y en otras oportunidades a Lorenzo Leiva. En cambio, Leiva dice que Aubele sólo le iba a dejar sobres con pequeñas cantidades, que sumaron en total 30 millones de pesos.
Fuentes cercanas a la investigación señalan que se habrían girado también cheques fraudulentos a nombre del arquitecto René Cerda, quien fue encontrado muerto en su casa de Reñaca, en marzo último.
Una serie de contradicciones en las declaraciones de los testigos obligan a la comisión investigadora de la Cámara a volver a citar a algunos de ellos. "Para eso tenemos tiempo, ya que el plazo para cerrar la investigación se vence los primeros días de agosto", señaló el diputado Eluchans.
Según el parlamentario, la falta de controles permitió que los funcionarios establecieran un ardid para defraudar al fisco.
Este consistía en inventar proyectos que supuestamente se realizarían en diversas comunas. Para ello copiaban datos y documentos de proyectos reales, ya ejecutados, y los registraban en el sistema de control informático para que nadie sospechara.
Según ha declarado el jefe de Finanzas, Lorenzo Leiva, a él le entregaban las carpetas con las simulaciones de proyecto hechas y él sólo tenía que girar los cheques, presionado por sus superiores.
"Jefes superiores directos y del más alto nivel directivo de la institución me presionaban para ejercer la emisión de esos cheques", dijo en la sesión pública de la comisión, sin revelar nombres de quienes lo presionaban.
Contrariando todas las normas tradicionales de control, los cheques eran girados a nombre del contratista Eugenio Aubele y no a nombre de empresas constructoras o municipios.
Esto permitía que Aubele cobrara los cheques por ventanilla.
El agente de la sucursal de BancoEstado, donde se pagaron los cheques, Oscar Olmos, explicó que en siete ocasiones se pidió verificación de datos y que en los otros cuatro no se pudo, porque los documentos se deben pagar dentro de 30 minutos y la verificación habría demorado más tiempo.
Los seis pasos de la operación para cometer el desfalco en el gobierno regional Millonario fraude: Según el Informe Final 10 de la Contraloría Regional, en el año 2009 se giraron 11 cheques de la cuenta corriente N° 23909219477 del gobierno regional, a nombre del contratista de obras menores Eugenio Aubele Guerín. El propio Aubele reconoce que también en el año 2008 cobró otros cuatro cheques, totalizando un monto de 900 millones de pesos.
Simulación de proyectos: La operación, según reconoce el ex jefe de Finanzas del gobierno regional, Lorenzo Leiva Tapia, se realizaba inventando proyectos de obras, que se ejecutarían en distintas comunas de la V Región, utilizando datos y copias de documentos de respaldo de proyectos reales, ya ejecutados. Con ello justificaban el pago de anticipos de las obras supuestamente en ejecución.
Giro de cheques: Leiva llenaba los cheques y los firmaba. Luego los pasaba a su jefe, Rodrigo Aldana, y si no estaba, a la jefa de Administración, Sara Peñaloza. Luego los llevaba al contador Jaime Lorca para una segunda firma. Éstos dicen que no sabían que era un fraude. Los cheques eran girados a nombre de Eugenio Aubele, como persona natural, para que pudieran ser cobrados por ventanilla.
Respaldo informático: Los datos del proyecto ficticio eran ingresados al sistema de control informático de finanzas Methasys y a un llamado "libro de banco", que sólo era una planilla Excel, a la que se accedía usando la clave "Lolo 40". Este registro permitía dar apariencia legal a la operación, pero pasado un tiempo, los datos eran borrados de la base informática para que no quedara huella.
Cobro de cheques: Eran cobrados por Aubele siempre en la sucursal del BancoEstado ubicada en la calle Prat, de Valparaíso. En siete ocasiones, funcionarios del banco llamaron al gobierno regional para cotejar los datos antes de pagar los cheques. Los vistos bueno fueron dados por los funcionarios Inés Varas, Carola Muñoz y Jaime Lorca, quienes consultaban los registros del "libro de banco".
Entrega del dinero: Aubele guardaba el dinero en una bolsa. Dice que los fondos de los primeros dos cheques, por unos 100 millones en total, se los entregó a Julio Medina. En otras ocasiones llevaba las bolsas al 7º piso de la Intendencia, y se las entregaba a Leiva. Cuando no estaba, se las dejaba al contador Jaime Lorca, y en otra ocasión a un funcionario que "usaba zapatos de cuero de cocodrilo".
CDE espera tener acceso a la investigación de la fiscalía El abogado procurador del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en la V Región, Enrique Vicente, querellante en la causa por fraude, explicó que no ha tenido acceso a la investigación que realiza el Ministerio Público. Indicó que espera que la fiscalía levante el secreto con que ha realizado la investigación para conocer antecedentes "y ver qué se hace". Aclaró que por los montos que están en juego y por la forma en que se cometió el fraude, "no cabe la menor duda de que hay una participación de varias personas. Nosotros pensamos que aquí tiene que haber un acuerdo de estas personas para sustraer fondos fiscales".
Por lo pronto, dijo Vicente, el CDE está haciendo indagaciones de carácter administrativo para obtener mayor información, en la medida en que las facultades que tiene el servicio lo permita.
Aún no está claro si se configura una asociación ilícita.
