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domingo, febrero 24, 2008

etica & corrupcion

COVERSNDO CON UN CONOCIDO
Un conocido, porque amigo no es, me ha señalado, a propósito de la corrupción en EFE, en MINeDUC, estando en Cocktail, que el dinero público no es de nadie, no tiene dueño. Si no se tratara de un conocido socialista, muy adinerado y politico de primera línea , no me hubiese llamado la atención. Esa es la nueva ética de estos concertacionistas
La situación ética en Chile es tan dramática que nada menos  que un gran politico de la concertación  me dice que "el dinero público no es de nadie", una barbaridad jurídica de tal calado que causa rubor y que, además, parece invitar a meterse en el bolsillo ese dinero público que, en realidad, pertenece a la ciudadanía, a todos los Chilenos como se suele decir.
La corrupción está en el corazón del sistema y su causa es el poder desmesurado e irrefrenable de los partidos, generadores de una ética insignificante que permite a los políticos subirse el sueldo , pagarse asesorias brujas, o sueldos por nada contra la opinión de los ciudadanos, gobernar contra la opinión pública, castigar al adversario y hasta robar, siempre que se haga con discreción y sin escándalo.Para luego ser  designado embajador o en alguna repartición para que pague asesorias , como se ha hecho en gendarmería. Eran todos expertos en cárceles a las que deberían caer una vez que la justicia resuelva. 

Saludos
Rodrigo González Fernández
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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Renato Sánchez 3586
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La semana política EN ELMERCURIO

La semana política

Educación: delitos y caos administrativo

Febrero de 2007 fue estremecido por el desastroso inicio del Transantiago. Febrero de 2008 lo ha sido por el escándalo en torno al uso de los fondos públicos por el Ministerio de Educación. Por una parte, aparecen -hasta ahora- presuntas figuras delictivas referidas a "cheques duplicados" del programa Chilecalifica (unos 52 millones de pesos). Por otra, las que afectarían al pago de subvenciones educacionales -vitales en el esfuerzo por alcanzar un nivel aceptable de calidad para todos-, que ascenderían a más de 204 millones. Ambas líneas están siendo encauzadas por la vía judicial.

Además, un segundo informe de la Contraloría (23 de enero pasado) denuncia otras irregularidades en la entrega de subvenciones, por más de 34 millones. En fin, otro sumario administrativo de la Contraloría detecta anormalidades en la Secretaría Regional Metropolitana a diciembre de 2006 -montos no aclarados por atrasos y errores, gastos no respaldados, pagos dobles, giro irregular de cheques, entre otros- que superan la asombrosa cifra de 260 mil millones de pesos entre 2004 y 2006, esto es, unos 550 millones de dólares. No todas estas últimas anomalías representan necesariamente pérdida para el fisco, pero sí evidencian un cuadro de gigantesco desorden y descontrol por parte del seremi y su equipo.

La ministra del ramo, tras poner tardío término a sus vacaciones -que nunca debió iniciar, apenas había sido notificada por la Contraloría de dicho sumario-, en una conferencia de prensa mezcló las aristas delictivas con la administrativa y presentó como "absolutamente aclarada" la segunda en septiembre pasado. Por su parte, el ministro Secretario General de la Presidencia sostuvo que se trata de "un problema interno de la Contraloría, problemas de trámites, pero para el Gobierno está aclarado el asunto".

Pero el entrecruzamiento de versiones es tal, que la opinión pública está confundida y llena de suspicacias. Cualquiera sea en definitiva la verdad, subsiste el hecho de que la Concertación siempre se ha enorgullecido del veloz aumento de las cifras de gasto público, particularmente en los programas sociales, pero ha tendido a prestar escasísima -a veces nula- atención a la rendición de cuentas ("accountability") y a la evaluación técnica de su eficacia. Entre 1990 y 2008, el presupuesto del Ministerio de Educación se ha más que quintuplicado, pero la calidad no ha hecho otro tanto. Además, si bien las subvenciones educacionales han aumentado, sus montos aún son muy insuficientes y deberían elevarse sustancialmente para asegurar un magisterio adecuado. Por cierto, el sistema de asignación del apoyo estatal debería perfeccionarse y, en vez de entregarse a los colegios en relación con alumno atendido, convendría entregarlo en la forma de un cheque escolar a las familias. Eso cerraría el camino a sostenedores inescrupulosos y a funcionarios corruptos o negligentes, pues las propias familias fiscalizarían que sus cheques fueran bien usados. Pero el colosal desorden administrativo tiende a inhibir esta revolución educacional, y surgen, en cambio, propuestas reestatizadoras y recentralizadoras.

Dicho desorden obedece, en gran medida, a que los seremis se entienden ser cargos políticos, pero, como tales, carecen de las calificaciones especializadas para servir con eficiencia las enormes responsabilidades que les competen, que no demandan habilidades partidistas, sino altos estándares técnicos para gestionar y fiscalizar enormes recursos y complejos programas -algo que el cuoteo político no puede entregar.

La sana tradición republicana

La incompetencia y la relajación de exigencias funcionarias no se corregirá por una nueva Ley de Educación ni, menos, con un reemplazo de las subvenciones a privados por una reestatización general del sistema. Eso sólo empeoraría las deficiencias y vicios que hoy lamenta el país.

La excusa habitual de esperar una u otra reforma legal contrasta con el positivo cambio en el desempeño de la Contraloría en los últimos 10 meses, lo que no ha requerido ninguna nueva ley ni incremento de su presupuesto: ha bastado que la encabece un titular políticamente independiente, técnicamente sólido y con voluntad de ejercer sus atribuciones en plenitud. Eso ha sido suficiente para obtener resultados beneficiosos para el país, y esa fiscalización efectiva puede incluso forzar rectificaciones en el aparato estatal largamente eludidas por la administración.

Es inocultable que se requiere recuperar en algún grado la tradición republicana de nuestro primer siglo de vida independiente, caracterizado, entre otros aspectos, por un severo celo en el resguardo del patrimonio público. Cuando hay anomalías en un organismo privado, sus dueños no pueden permitirse minimizar su situación apelando a irónicas comparaciones con terceros ni tomar vacaciones; y si lo hacen, pagan pronta y duramente las consecuencias.

En todo caso, la ciudadanía, cuando vota, está expresando su deseo de buen gobierno. La probidad, la honestidad, el no abuso de los fondos públicos se dan por descontados. En consecuencia, aun si al cabo de exhaustivas y creíbles investigaciones se comprobara que este inmenso desorden que afecta al Ministerio de Educación no ha significado pérdida patrimonial alguna para el fisco y que ninguna suma se ha desviado a fines personales o políticos, no por ello carecería de gravedad lo ocurrido. Ha habido aquí un nuevo golpe a la imagen interna y externa del país, que otrora podía enorgullecerse, aun en medio de la penuria, de una administración pública severísima en su preocupación por los dineros fiscales. Hoy, eso parece perdido, en parte por una bonanza cuya esencial transitoriedad se olvida. A Chile no le sobra dinero, por importantes que sean sus superávits y reservas, porque no menos cuantiosos son los problemas que nos cierran el acceso al desarrollo y que, sin embargo, se arrastran sin solución, de gobierno en gobierno.

Este año corresponde renovar las administraciones municipales. La inaceptable experiencia de estos días, sumada a la de las últimas dos décadas, debe mover a la ciudadanía a no aceptar la impune relajación de estándares. Buen gobierno supone buena administración de recursos. Ése es el mensaje categórico que el electorado debería hacer llegar a todos los candidatos en octubre

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Saludos
Rodrigo González Fernández
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SE IMPONDRÁ LA AN-ENTROPIA POLITICA COMO PARICIPACION CIUDADANA

En la columna de Max Colodro en El Mecurio
 
Nuestros partidos politicos  buscan imponernos sus posiciones; pero, ellos no representan el sentir del ciudadano.Que duda cabe.
En Chile el pueblo esta cansado de la entropia politica.Por eso va buscando y gestando movimientos an-entrópicos, es decir , de aquellos que se oponen a la entropía politica, que serán los que gobernarán Chile los próximos años.
Entonces, a los lideres politicos les compete la funcion de unir esos movimientos , conducirlos y en las urnas se va decidir.
En Chile actual, es Sebastián Piñera, por el momento,  quien puede llegar a  formar un conglomerado an-entrópico, sin perjuicio que pueda surgir en los próximos meses otro lider que compita con aquel. Asi como cambia la sociedad, cambian tambien sus lideres.
Saludos
Rodrigo González Fernández
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FRANCISCO CUMPLIDO OLVIDA COSAS EN MATERIA DERECHOS HUMANOS

Libertad de información, imagen y verdad

Francisco Cumplido Cerda

En atención a los últimos acontecimientos ocurridos en nuestro país, me ha parecido interesante transmitir a los lectores algunas reflexiones sobre la materia del epígrafe.

Los abogados sabemos que hay tres aspectos relacionados con la verdad de los hechos: lo que efectivamente ocurrió, lo que se dice al respecto y lo que se prueba. La libertad y el derecho a la información están vinculados al segundo aspecto; es decir, con lo que se dice sobre lo ocurrido. Hoy la imagen es más fuerte que la verdad. La imagen se constituye primordialmente con lo que en el ejercicio de la libertad de informar los diarios, revistas, películas, radio, televisión, transmisiones por internet y otros medios tecnológicos nos dicen sobre las personas y los hechos acaecidos. La opinión pública se forma una imagen que considera que es la verdad. Así, juzga a las personas antes que se pruebe ante un tribunal u otra autoridad la verdad de lo ocurrido, y las declara culpables o inocentes. Si ante la justicia una persona es inocente hasta que por sentencia definitiva se la declare culpable, los medios de información tienen el deber jurídico y moral de presentar los hechos objetivamente, respetando la presunción de inocencia. La misma exigencia ética rige la información sobre otros hechos, particularmente los de relevancia política, religiosa, científica, social y cultural. Esta obligación no obsta a la opinión editorial, propia de la libertad, siempre que se distinga de la información de hechos.

Lamentablemente, a diario estamos comprobando el no respeto de estas normas jurídicas y morales. En efecto, por vía ejemplar, un detenido o procesado es mostrado reiteradamente por la televisión con la imagen anterior de su detención, formalización o procesamiento, en todas las oportunidades del juicio, generalmente sin siquiera advertir al televidente de que se trata de imágenes de archivo. Cuando recién ocurren los hechos, se da gran publicidad por los medios, tanto escritos como radiales, televisivos, etcétera. Si la persona es declarada inocente, absuelta, etcétera, salvo honrosas excepciones, aparece una pequeña información... ya no es noticia. Se ha llegado a tales extremos en la televisión, que también hay "letra chica" en información complementaria, como ocurre en algunos concursos respecto de las bases o del cumplimiento de exigencias legales, que se exhibe a una velocidad o tiempo imposible de leer. Es una burla.

Las reiteraciones de hechos ocurridos, sin advertencia al público, son además usadas para formar opinión pública sobre asuntos políticos, sociales, económicos y culturales. Así ha ocurrido, por ejemplo, con la información sobre el Transantiago, proyecto necesario pero mal diseñado, y en sus inicios deficientemente ejecutado. Se siguen mostrando las imágenes de la situación inicial para reforzar entrevistas a personas preferentemente disconformes, a pesar de los avances efectivos para corregir las deficiencias.

Los profesionales de la política, algunos senadores, diputados, ministros de Estado, alcaldes, entre otros, conocen muy bien el valor de la imagen y están prontos a ir a los focos de la televisión, el "efecto polilla", para decir o hacer actos rimbombantes a cualquier precio, muchas veces desvirtuando las instituciones constitucionales, como ha ocurrido con la citación a ministros de Estado por parte de la Cámara de Diputados, en la que interesa más plantear argumentaciones anteriores y posteriores a las preguntas, muchas de las cuales no son pertinentes, para crear una imagen, preferentemente televisiva, con una manifiesta desviación de poder. Es política de menor cuantía, muy peligrosa.

¿No sería más conveniente cambiar el sistema de gobierno por uno semipresidencial, que permite fiscalizar, pero con censura constructiva?

Las declaraciones del general Santelices, publicadas por este diario, deben hacernos meditar. Él alude a personas que ocupan o han ocupado cargos durante los gobiernos de la Concertación que tuvieron responsabilidad en lo ocurrido en el quiebre constitucional del 11 de septiembre de 1973. Todos los que teníamos cargos políticos somos responsables en mayor o menor grado. Es faltar a la verdad descontextualizar los hechos y atribuir responsabilidades sin asumir la que corresponde. Los que hemos luchado siempre en defensa de los derechos humanos no compartimos las violaciones a esos derechos, pero a todos los derechos, sin distinciones, uno de los cuales es la presunción de inocencia y otro, primordial, el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte, la integridad física, psíquica, etcétera.

La libertad de información, como la democracia, hay que cuidarla. Los chilenos tenemos la convicción de que todo lo podemos solucionar con leyes; la legalidad está muy arraigada en nuestra conciencia, lo que está muy bien, pero las leyes por sí solas no pueden resolver todos los problemas. Hay que atacar las causas, prevenir primero, antes que sancionar, en todos los aspectos, incluida la libertad de información.

En Sudamérica y en el mundo hay cambios que nos preocupan a los demócratas.

Hagamos una autocrítica sincera, rectifiquemos, evitemos que por ley se nos llegue a restringir la libertad, en una civilización tecnocrónica, en un mundo globalizado, en que un tercio de la humanidad se muere de hambre, sin paz y con poca solidaridad.

POSTEADO EN ELMERCURIO.COM
Bien don Francisco Cumplido, Pero respecto de violaciones a los derechos humanos y ciudadanos olvida la principal de los últimos tiempos. El Transantiago, sus gestores, autoridades y operadores en genral han violado los derechos humanos y ciudadanos de más de 5 millones de santiaguinos todos los días. Pero esto es más grave aún...¡es que se ha hecho a sabiendas!.
Pero al mismo tiempo, también olvida don Francisco, como se han violdo los derechos humanos y ciudadanos  de los Chilenos  con los múltiples  casos de corrupción de los que los tribunales de Justicia y la Contraloria General de la Republica han dado cuenta.
Es evidente que el mundo experimenta cambios todos los días y no son precisamente las leyes las que van a hacer cambiar a las personas. Es la educación, la ética, los valores y la libertad .
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