La semana política
Educación: delitos y caos administrativo
Febrero de 2007 fue estremecido por el desastroso inicio del Transantiago. Febrero de 2008 lo ha sido por el escándalo en torno al uso de los fondos públicos por el Ministerio de Educación. Por una parte, aparecen -hasta ahora- presuntas figuras delictivas referidas a "cheques duplicados" del programa Chilecalifica (unos 52 millones de pesos). Por otra, las que afectarían al pago de subvenciones educacionales -vitales en el esfuerzo por alcanzar un nivel aceptable de calidad para todos-, que ascenderían a más de 204 millones. Ambas líneas están siendo encauzadas por la vía judicial.
Además, un segundo informe de la Contraloría (23 de enero pasado) denuncia otras irregularidades en la entrega de subvenciones, por más de 34 millones. En fin, otro sumario administrativo de la Contraloría detecta anormalidades en la Secretaría Regional Metropolitana a diciembre de 2006 -montos no aclarados por atrasos y errores, gastos no respaldados, pagos dobles, giro irregular de cheques, entre otros- que superan la asombrosa cifra de 260 mil millones de pesos entre 2004 y 2006, esto es, unos 550 millones de dólares. No todas estas últimas anomalías representan necesariamente pérdida para el fisco, pero sí evidencian un cuadro de gigantesco desorden y descontrol por parte del seremi y su equipo.
La ministra del ramo, tras poner tardío término a sus vacaciones -que nunca debió iniciar, apenas había sido notificada por la Contraloría de dicho sumario-, en una conferencia de prensa mezcló las aristas delictivas con la administrativa y presentó como "absolutamente aclarada" la segunda en septiembre pasado. Por su parte, el ministro Secretario General de la Presidencia sostuvo que se trata de "un problema interno de la Contraloría, problemas de trámites, pero para el Gobierno está aclarado el asunto".
Pero el entrecruzamiento de versiones es tal, que la opinión pública está confundida y llena de suspicacias. Cualquiera sea en definitiva la verdad, subsiste el hecho de que la Concertación siempre se ha enorgullecido del veloz aumento de las cifras de gasto público, particularmente en los programas sociales, pero ha tendido a prestar escasísima -a veces nula- atención a la rendición de cuentas ("accountability") y a la evaluación técnica de su eficacia. Entre 1990 y 2008, el presupuesto del Ministerio de Educación se ha más que quintuplicado, pero la calidad no ha hecho otro tanto. Además, si bien las subvenciones educacionales han aumentado, sus montos aún son muy insuficientes y deberían elevarse sustancialmente para asegurar un magisterio adecuado. Por cierto, el sistema de asignación del apoyo estatal debería perfeccionarse y, en vez de entregarse a los colegios en relación con alumno atendido, convendría entregarlo en la forma de un cheque escolar a las familias. Eso cerraría el camino a sostenedores inescrupulosos y a funcionarios corruptos o negligentes, pues las propias familias fiscalizarían que sus cheques fueran bien usados. Pero el colosal desorden administrativo tiende a inhibir esta revolución educacional, y surgen, en cambio, propuestas reestatizadoras y recentralizadoras.
Dicho desorden obedece, en gran medida, a que los seremis se entienden ser cargos políticos, pero, como tales, carecen de las calificaciones especializadas para servir con eficiencia las enormes responsabilidades que les competen, que no demandan habilidades partidistas, sino altos estándares técnicos para gestionar y fiscalizar enormes recursos y complejos programas -algo que el cuoteo político no puede entregar.
La sana tradición republicana
La incompetencia y la relajación de exigencias funcionarias no se corregirá por una nueva Ley de Educación ni, menos, con un reemplazo de las subvenciones a privados por una reestatización general del sistema. Eso sólo empeoraría las deficiencias y vicios que hoy lamenta el país.
La excusa habitual de esperar una u otra reforma legal contrasta con el positivo cambio en el desempeño de la Contraloría en los últimos 10 meses, lo que no ha requerido ninguna nueva ley ni incremento de su presupuesto: ha bastado que la encabece un titular políticamente independiente, técnicamente sólido y con voluntad de ejercer sus atribuciones en plenitud. Eso ha sido suficiente para obtener resultados beneficiosos para el país, y esa fiscalización efectiva puede incluso forzar rectificaciones en el aparato estatal largamente eludidas por la administración.
Es inocultable que se requiere recuperar en algún grado la tradición republicana de nuestro primer siglo de vida independiente, caracterizado, entre otros aspectos, por un severo celo en el resguardo del patrimonio público. Cuando hay anomalías en un organismo privado, sus dueños no pueden permitirse minimizar su situación apelando a irónicas comparaciones con terceros ni tomar vacaciones; y si lo hacen, pagan pronta y duramente las consecuencias.
En todo caso, la ciudadanía, cuando vota, está expresando su deseo de buen gobierno. La probidad, la honestidad, el no abuso de los fondos públicos se dan por descontados. En consecuencia, aun si al cabo de exhaustivas y creíbles investigaciones se comprobara que este inmenso desorden que afecta al Ministerio de Educación no ha significado pérdida patrimonial alguna para el fisco y que ninguna suma se ha desviado a fines personales o políticos, no por ello carecería de gravedad lo ocurrido. Ha habido aquí un nuevo golpe a la imagen interna y externa del país, que otrora podía enorgullecerse, aun en medio de la penuria, de una administración pública severísima en su preocupación por los dineros fiscales. Hoy, eso parece perdido, en parte por una bonanza cuya esencial transitoriedad se olvida. A Chile no le sobra dinero, por importantes que sean sus superávits y reservas, porque no menos cuantiosos son los problemas que nos cierran el acceso al desarrollo y que, sin embargo, se arrastran sin solución, de gobierno en gobierno.
Este año corresponde renovar las administraciones municipales. La inaceptable experiencia de estos días, sumada a la de las últimas dos décadas, debe mover a la ciudadanía a no aceptar la impune relajación de estándares. Buen gobierno supone buena administración de recursos. Ése es el mensaje categórico que el electorado debería hacer llegar a todos los candidatos en octubre
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