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domingo, junio 20, 2010

la comuna de barnechea no debe olvidar sus oorigenes

  • Barnechea no debe perder sus tradiciones
  • Alcalde debe invertir en el pueblo de Barnechea
Vecinos de Lo Barnechea votarán acerca de altura de edificios, más áreas verdes y mejor vialidad


Rodrigo Silva

Lo Barnechea es una de las comunas de Santiago que proyectan un explosivo crecimiento poblacional para la próxima década.

Según el diagnóstico elaborado por expertos internacionales, si no se hace algo al respecto la congestión vehicular se cuadruplicará, la población crecerá 50% y las áreas verdes disminuirán en siete barrios.

Para evitar ese escenario, el municipio encargó al destacado urbanista chileno y académico de la Universidad de Cambridge (Inglaterra) Marcial Echenique un plan maestro para definir las condiciones que debe tener la comuna para no perder su calidad de vida.

El análisis, en el que también participaron los estudios de urbanistas "Urbe" y "Cipres" y que recientemente fue entregado al alcalde Felipe Guevara, postula dos alternativas de desarrollo para Lo Barnechea. Ambas implican cambios al plan regulador, con distintos grados de profundidad, para aumentar las alturas de edificación en las principales avenidas, ensanchar las vías troncales y generar más áreas verdes.

Estas dos opciones son las que el municipio someterá a la opinión de los vecinos en noviembre próximo.

Guevara sostuvo que la alternativa que consiga el apoyo mayoritario de los residentes será aplicada mediante un sistema de financiamiento en el que participarán las empresas inmobiliarias que pretenden desarrollar proyectos en Lo Barnechea.

"El plan dividió la comuna en cinco zonas, según las obras viales que se requieren, su costo y cuánto deberán aportar los inmobiliarios a esas obras para poder desarrollar sus proyectos", explicó.

"Por ejemplo -agregó-, en Los Trapenses norte se requieren 300 mil UF para hacer las mejoras viales del sector. Los inmobiliarios que quieran concretar sus proyectos allí tendrán que aportar diversos montos para alcanzar esa cifra".

Las opciones

Ambas alternativas implicarían como base ensanchar a seis pistas cinco avenidas troncales (Los Trapenses, La Dehesa, El Rodeo, Pie Andino y un tramo de Las Condes).

Las diferencias entre las dos opciones radican, por ejemplo, en la cantidad de casas y departamentos que se podrán construir en la próxima década y los metros cuadrados de comercio y servicios que se podrán edificar (ver infografía).

Respecto de las áreas verdes, Guevara dijo que si bien la comuna tiene un índice de 9 m² por habitante, no son muy aprovechadas por los vecinos porque están muy dispersas en pequeñas plazas y bandejones.

"La idea es aprovechar las 59 hectáreas en torno a la medialuna de Lo Barnechea para hacer allí un gran parque. La Universidad Católica ya elaboró un diseño para nosotros, y le pedimos permiso al Ministerio de Hacienda para endeudarnos en $2.000 millones y hacer el parque", afirmó el edil. La meta municipal es llegar a los 12 m² de áreas verdes por habitante.

Las opciones de desarrollo ya fueron expuestas a las empresas inmobiliarias que tienen intereses en la comuna y, según Guevara, serán presentadas y explicadas a las juntas de vecinos de Lo Barnechea en los próximos meses.

MAS INFORMACION Y COMENTARIOS

http://blogs.elmercurio.com/cronica/2010/06/20/vecinos-de-lo-barnechea-votara.asp#comments

FUENTE: emol
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RODRIGO  GONZALEZ  FERNANDEZ
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
DIPLOMADO EN GESTION DEL CONOCIMIENTO DE ONU
Celular: 93934521
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Debilitamiento de la familia matrimonial

Debilitamiento de la familia matrimonial


Pablo Rodríguez Grez
Decano
Facultad de Derecho
Universidad del Desarrollo

El paulatino debilitamiento de la familia matrimonial parece constituir la tónica de nuestro tiempo en materia legislativa. Nadie puede ignorar que, en los últimos veinte años, se ha logrado incorporar al acervo cultural de los chilenos la necesidad de desformalizar las relaciones de pareja, admitir cualquier tipo de unión personal, y reconocer como "familia" a los más diversos grupos de personas con la sola condición de vivir bajo el mismo techo. Así las cosas, la familia, como tal, se ha desdibujado y relativizado su función, pudiendo revestir este carácter las más diversas uniones. De aquí al reconocimiento legal de lo que sucede en este momento, hay un solo paso y nuestras autoridades parecen estar dispuestas a darlo.

Desde luego, una normativa jurídica especial para regular la convivencia de hecho de parejas hetero u homosexuales carece de utilidad práctica, puesto que nuestro ordenamiento jurídico permite legalizar sus efectos. Lo anterior puede conseguirse, respecto de la adquisición de bienes, mediante el contrato comunidad; en materia sucesoria, por disposición testamentaria (sea de la cuarta de libre disposición o de toda la herencia en el evento de que no concurran herederos legitimarios); en lo tocante al derecho de alimentos, a través del contrato de renta vitalicia; etcétera. Por otra parte, si la tendencia dominante es, como se dijo, a desformalizar las relaciones personalísimas, una legislación que apunte en sentido contrario no resolverá nada y en muy poco tiempo debería caer en desuso.

La cuestión esencial es otra. Desde hace ya varios años la familia matrimonial sufre de una anemia creciente. Lo anterior porque se ha desincentivado su constitución e importancia y, en lugar de promoverla, se la ha presentado como una trampa de la cual es difícil escapar. Me atrevería a decir que, desde hace a lo menos dos décadas, no ha habido un solo estímulo tributario, social, económico, educacional o previsional que tenga como fin alentar la formación de una familia matrimonial. La nueva Ley 19.947 de 2004 puso fin a las escandalosas nulidades matrimoniales e hizo posible resolver, a través del divorcio vincular, las rupturas matrimoniales. No existe entonces justificación para no asumir responsablemente los deberes que impone el matrimonio y su consecuencia natural: la procreación. Tampoco podría sostenerse que no existen los medios para resolver un rompimiento cuando los cónyuges enfrentan desavenencias insuperables.

Con todo, no puede desconocerse que en el nuevo siglo se ha profundizado un cambio cultural que hasta hace muy poco tiempo permanecía larvado. Se ha hablado, a nuestro juicio con razón, de la subversión de los valores, lo cual ha ido dejando huella en la legislación y en toda manifestación de convivencia social. Lo que señalamos es consecuencia de un cambio radical en el papel que cabe a la mujer en la vida económica, política y familiar. La mujer se emancipó definitivamente de la tutela conyugal y se incorporó de lleno al proceso productor, lo cual le ha permitido independizarse de la potestad marital. Recuérdese, a este respecto, que el antiguo artículo 131 inciso 2° del Código Civil señalaba, hasta no hace muchos años, que "El marido debe protección a la mujer, y la mujer obediencia al marido". Por su parte, el artículo 132 prescribía que "La potestad marital es el conjunto de derechos que las leyes conceden al marido sobre la persona y bienes de la mujer". Todo esto resulta hoy día impensable.

De lo indicado se infiere que la problemática que nos afecta, en este orden de cosas, no se resolverá con una ley que contradice las tendencias dominantes. Lo que sí convendría es someter a un análisis crítico la legislación actual —fruto de innumerables modificaciones parciales— y lograr que ella se adecue a nuestro tiempo, redefiniendo el papel que cabe a cada uno de los cónyuges y fortaleciendo a la familia matrimonial en el marco de un estatuto jurídico completo y realista. Lo demás es meramente coyuntural y sirve a otros propósitos.

FUENTE: EMOL
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RODRIGO  GONZALEZ  FERNANDEZ
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CARLOS PEÑA DESACREDITA A POLITICOS DE LA CONCERTACIÓN

 

LOS POLITICOS DE LA CONCERTACION SALIERON DESACREDITADOS

 

Profanos e iniciados podría ser la tónica . Pero en política  durante  los gobiernos de  la concertación las cosas no se dan  así. Al parecer ninguno de los dos Políticos de la concertación  de que nos habla el Rector Peña  son iniciados en nada. Entonces son profanos.

Lo que describe acá el Profesor Carlos Peña  es lo que Rubiales  señala y corresponde  a "arrebatar a los políticos el prestigio, el reconocimiento y el protagonismo social que injustamente disfrutan es el primer deber de un demócrata auténtico y el primer paso para alcanzar la regeneración de la sociedad y del sistema político"  Desnudarlos ante el mundo para que sus vergüenzas y traiciones sean visibles es un deber democrático ineludible. En democracias tan degradadas como la del Chile de la Concertación , la degeneración de la democracia y el mal gobierno del periodo de concertación en Chile  han convertido la crítica al poder y la tarea de desacreditar a los malos políticos y gobernantes en actos profundamente democráticos y revolucionarios, cargados de dignidad y honradez ciudadana.

Parte de la fuerza de los actuales malos gobernantes reside en que los medios de comunicación, especialmente la televisión, las y  las  encuestas   los convierten, sin merecerlo, en estrellas rutilantes, en modelos y protagonistas del acontecer y de la vida.

Los Gobernantes de la Concertación y sus altos funcionarios ,  han ocupado  más de la mitad de las noticias y aparecen deslumbrantes, como si gobernaran correctamente y representaran dignamente a los ciudadanos, cuando la verdad es que, por su mal gobierno, corrupción y torpeza, son los culpables de la mayoría de los dramas y desgracias que padece la sociedad. Ya lo veremos en el fallo de la Ministra Chevecich en que una cantidad no menor de funcionarios defraudan al fisco y no pasa nada.

Los demócratas Chilenos  no podemos derrotar a los políticos que han traicionado la democracia, convirtiéndola  en una vulgar dictadura de partidos de la concertación , pero sí podemos desacreditarlos y hacerles perder el reconocimiento y el prestigio social. Tampoco podemos librarnos de los partidos políticos de la concertación , organizaciones que han dejado de ser democráticas y que son hoy las mayores culpables del drama chileno , pero sí podemos desacreditarlos y arrebatarles el prestigio y el reconocimiento social.

LA COLUMNA DE CARLOS PEÑA PUEDEN LEERLA EN

http://blogs.elmercurio.com/reportajes/2010/06/20/los-profanos-y-los-expertos-se.asp#comments

FUENTE:
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EN ESCANDALO DEL SIGLO POCOS IRÁN A LA CARCEL.

¿DESAPARECEN MILLONES DE PESOS DEL FISCO  Y NO PASA NADA?
 
La sentencia del caso MOP-Gate se conocerá esta semana:
Chevesich alista el fallo de mil páginas que pone fin al juicio de la década

Cuarenta y nueve tomos y casi 20.000 fojas fueron el resultado de siete años de investigación. El caso amenazó la estabilidad del sistema político y motivó profundas reformas a la administración pública. La causa se cerrará esta semana y habrá condenas para los 30 acusados de estafar y defraudar al Fisco. La jueza no logró acreditar si los fondos cuestionados financiaron campañas políticas. Tampoco se llegó a determinar el destino de $600 millones.  

Matías Bakit y Guillermo Muñoz 

Hace un mes, la ministra Gloria Ana Chevesich pidió permiso para ausentarse de los plenos de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones con el fin de concentrarse exclusivamente en la redacción del fallo del caso MOP-Gate. Desde entonces, la jueza ha estado encerrada de lunes a viernes en su oficina de avenida España, hasta donde llega antes de las ocho de la mañana. Hasta el viernes pasado, la magistrada llevaba escritas 900 páginas de la sentencia. Entre el miércoles y el jueves terminará el texto y lo dará a conocer a la opinión pública. Para ese entonces, la sentencia del caso MOP-Gate, el juicio de la década, sobrepasará las mil carillas.

En lo medular, el fallo establecerá las condenas para los treinta acusados del proceso. Pero pese a lo extenso de la resolución y a que existe la convicción en la jueza de que se hizo un "ardid" para estafar y defraudar al fisco adulterándose contratos, quedarán al menos dos incógnitas que quizás nunca puedan resolverse. Una es el destino de una suma estimada en 600 millones de pesos -por fuentes vinculadas a los mismos inculpados- y para los cuales no existiría respaldo. La otra es la interrogante de si hubo desvío de fondos a campañas políticas, tema que constituyó uno de los principales ángulos de la investigación, pero que no pudo ser acreditado finalmente.

Penas moderadas

Hoy, la jueza Chevesich -quien abandonó sus característicos anteojos- cumple 2.707 días a cargo de la investigación, la que acumuló 49 tomos, es decir, 19.600 páginas.

Quienes han tenido acceso al proceso afirman que ninguna de las penas que establecerá la magistrada superaría los tres años y un día de presidio por cada cargo que se imputa, y por lo tanto no deberían significar presidio efectivo para los inculpados.

Sin embargo, en el entorno de Cruz hay serias aprensiones al respecto y no descartan que la jueza termine dándole la pena de reclusión.

En otro punto, cercanos a la investigación afirman que, pese a lo extenso de la resolución, la ministra se ha limitado a acreditar hechos y las normas que se infringieron. Esto es, cómo se abultaron los montos de los contratos que pagó el MOP a Gate S.A. para pagar sobresueldos.

Porque el fallo no establecerá si los dineros se destinaron a enriquecimiento personal o a campañas políticas. Este último punto fue una de las principales hipótesis de la investigación, ya que los contratos se firmaron entre 1998 y 2001, coincidiendo con las primarias de la Concertación, la campaña laguista de primera y segunda vuelta, y elecciones municipales y parlamentarias.

La pericia contable que realizó la PDI determinó que el perjuicio fiscal ascendió a $1.253 millones. Según afirman en la defensa de algunos inculpados, el destino de la mitad de este monto no está documentado. De estos 600 millones, dicen, 300 millones fueron cancelados como remuneraciones, pero fueron entregados en efectivo. Del resto, se ignoraría absolutamente el destino.

Un golpe al sistema político

La tranquilidad con que hoy trabaja la ministra Chevesich contrasta con el intenso acoso mediático que el caso adquirió en el año 2003.

Uno de los ámbitos más afectados por el caso fue el propio sistema político chileno, y hasta se especuló con los riesgos que la situación podía significarle a la estabilidad del gobierno de Ricardo Lagos.

En medio de la crisis, el ex Mandatario se reunió con el entonces presidente de la UDI, Pablo Longueira, para acordar una salida que no desestabilizara el sistema político. Acordaron una serie de reformas para la modernización del Estado que cambiaron por completo el sistema de administración. Se sinceraron los salarios de los funcionarios de gobierno, se creó el nuevo sistema de Alta Dirección Pública, se transparentaron los gastos de las reparticiones del Estado y se reguló el financiamiento de las campañas políticas.

Lagos y Chevesich recién se vieron las caras el 6 de marzo pasado, cuando la magistrada acudió a la residencia del ex Mandatario para interrogarlo por dos horas.

Fue una de las últimas declaraciones que tomó la jueza. Esta semana, cuando la ministra termine de redactar su fallo, abandonará la oficina en calle España y comenzará a trabajar en un nuevo gabinete, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.

 Números clave

1.253

millones es el monto de perjuicio fiscal que estableció la Policía de Investigaciones por el caso MOP-Gate.

600

millones del monto anterior se gastaron sin que su destino se haya acreditado.

482

personas declararon durante los siete años de investigación del caso político-judicial más largo y controvertido de la década.

2.707

días a cargo del caso completa hoy la ministra Gloria Ana Chevesich.

49

tomos, de 400 páginas cada uno, acumula el expediente del proceso.

"La ministra tuvo la gentileza de hacerme ver que en mí recaería lo grueso de la responsabilidad"

Carlos Cruz Lorenzen (Santiago, 1951), ex ministro de Obras Públicas del Gobierno de Ricardo Lagos entre 2000 y 2002, se halla a la espera de la sentencia que dará término a los siete años de investigación del Caso Gate.

Ex militante socialista, casado, un hijo, tiene la sospecha de que le caerá la pena más alta entre los treinta acusados. A petición de "El Mercurio", accedió a comentar lo que espera del fallo y sus conclusiones del proceso que terminó con su vida política.

Expectativas sobre la sentencia:

"Supongo que dura. No es posible esperar otra cosa. La ministra, que ha hecho de este caso un apostolado, en su rol de fiscal siempre estuvo convencida de la culpabilidad de los involucrados. Lo más probable es que se concentre en mí la mayor sanción. Hace años, y como parte de su conjetura procesal, la ministra tuvo la gentileza de hacerme ver que en mí recaería lo grueso de la responsabilidad. Sin embargo, y después de siete años de investigación, ni en el sumario ni, luego, en el plenario hay evidencia directa que me involucre directamente, ni testigo alguno que me acuse de haber sido el instigador del ardid".

La práctica de pagar sobresueldos:

"Yo siempre he asumido la responsabilidad política de haber pagado lo que se requería para contar con los mejores profesionales del área para llevar adelante el Programa de Concesiones de Infraestructura Pública que me correspondió gestionar. En el transcurso del proceso he reiterado que no tuve vinculación con la forma en que se generaron los recursos para hacer que eso fuera posible. Partí del supuesto que se podía hacer, aunque no estuviese contemplado legalmente, dado que esa práctica de pagar más de lo que se estipulaba en la Escala Única de Remuneraciones existía mucho antes de que yo entrara al Ministerio de Obras Públicas. Por lo demás, fue a través de este mecanismo que se la pagó al fiscal, a abogados y otros respetables profesionales del ministerio por sus aportes al Sistema de Concesiones, y nunca se me alertó de su ilegalidad".

El destino de los fondos:

"Al parecer no hay problema con el destino de los fondos. De todas las personas investigadas, no hay nadie que haya sido acusado de haber recibido dineros que no le correspondían. Es decir, todos los que recibieron dinero lo hicieron por trabajos realizados. En caso contrario, más de alguien debería haber sido procesado por recibir dineros públicos en forma indebida".

Balance personal del caso:

"Ha sido muy duro. Ahora es bueno señalar también que no puedo sino estar muy satisfecho de la obra en que participamos y en los efectos que ha tenido este caso para la administración del Estado. Por una parte, es un hecho que las concesiones han contribuido a mejorar la eficiencia del país en forma muy significativa. Por otra, es muy satisfactorio saber que hoy el ministro de Obras Públicas gana casi 4 veces más de lo que yo ganaba cuando ocupé el cargo. Esto se logró a raíz del caso MOP-Gate, y permite sincerar las remuneraciones en el Estado e incorporar a cuadros técnicos de un alto grado de competencia profesional, con remuneraciones que se aproximan a las de mercado. Lo más expresivo de este cambio es el aumento en 4 veces en la asignación para remuneraciones que tuvo el área de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas entre el presupuesto del año 2003 y el del 2004, sin haber aumentado en una sola persona su dotación.

Sus próximos pasos:

"Estoy sereno esperando el fallo y preparado para la presentación que haremos a la Corte de Apelaciones, instancia donde espero que mis argumentos tengan mejor acogida. No descansaré hasta demostrar que no he cometido ningún delito".

Batallón de abogados

Varios fueron los estudios de abogados del país que representaron a los involucrados en el caso MOP-Gate.

Uno de ellos fue el estudio Figueroa-Coddou, de propiedad, en ese tiempo, de Juan Agustín Figueroa y Alberto Coddou. Fueron este último y Gonzalo Insunza -del mismo estudio- quienes se encargaron de la defensa del ex ministro Carlos Cruz. Hoy Coddou y Figueroa no trabajan juntos, pues el primero se unió a su hermano Sergio en un nuevo bufete.

Otro es el penalista Samuel Donoso, defensor del dueño de Gate, Héctor Peña Véliz, y actual integrante del estudio de Juan Pablo Hermosilla (aunque cuando empezó el caso trabajaba como independiente). Actualmente es candidato a vicepresidente del PPD.

Arturo Yuseff, de Yuseff y Cía., es otro de los abogados que participaron, y aún está vinculado en el caso. Está a cargo de la defensa del llamado testigo clave, Sergio Cortés.

En el caso también participó, representando a la UDI -que se involucró como querellante-, el actual director del Diario Oficial, el abogado Cristián Letelier. Él ha participado, además, en casos como la defensa del chofer Luis Becerra, procesado como autor del asesinato de Eduardo Frei Montalva.

Los 30 acusados

13 son los empleados públicos que están acusados de fraude al Fisco en el caso.

Carlos Cruz Lorenzen: Ex ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones del gobierno de Ricardo Lagos, de quien era amigo. Está procesado por nueve delitos de fraude al fisco.

Sergio Cortés Castro: Ex jefe de finanzas de la dirección de Vialidad del MOP. Es uno de los principales testigos del caso. Procesado por nueve delitos de fraude al fisco. La mayoría de los contratos está firmado por él. Hoy en día tiene una empresa en el rubro de la limpieza.

Roberto Salinas Briones: Ex jefe de proyectos de Concesiones. Habría solicitado abultar varios contratos. Procesado por fraude al fisco.

Héctor Quiroz Astorga: Ex fiscal del MOP. Habría pactado sobreprecios. Procesado por fraude.

Sergio Hinojosa: Ex encargado de proyectos de concesiones del MOP. Encausado por fraude.

Ramón Silva Améstica: Ex fiscal de Concesiones del MOP. Fraude.

Gonzalo Castillo Navasal: Ex jefe de gabinete de la subsecretaría del MOP. Procesado por fraude al fisco reiterado.

Eduardo Bartholin Zanetta: Ex director de Obras Hidráulicas del MOP. Procesado por fraude.

Dolores Rufian Lizana: Ex directora de Planeamiento del MOP. Procesada por fraude de 543 millones de pesos.

Leonel Vivallos Medina: ex coordinador de proyectos de Concesiones del MOP. Procesado por fraude.

Ricardo Paredes Molina: Ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile.

Nassir Sapag Chain: Ex director del Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo de la Universidad de Chile (Ciade).

Los privados

17 son los acusados que se desempeñaban en diversas consultorías.

Héctor Peña Véliz: Propietario de Gate. Está acusado de prestar su empresa para estafar al fisco. Es el único procesado por estafa y fraude. Hoy en día vive de las asesorías empresariales.

Marco Luraschi Pandolfi, de Econat Consultora.

Abdon Nain Pajundakis: de R&Q Ingeniería Limitada.

Sergio González Tagle , de la consultora Aristo.

Víctor Rey Pozo , de la consultora Agraria.

Francisco Aguirre Arias, de la consultora Agraria.

Jorge Echeñique Larraín , de la consultora Agraria.

Eduardo Valenzuela, Exe Ingeniería y Software Ltda

Luis Arrau del Canto, de la consultora Geofun.

Alejandro Gutiérrez, de la consultora Consec Limitada, Economía y Finanzas.

Yerko General Carrasco, de la empresa de outsourcing Asyr.

Francisco Donoso Díaz: Dueño de la consultora Diagnos.

Óscar Araos Guzmán , de la empresa Ábaco Ingeniero Consultores.

Francisco González del Río , de la empresa Agraria.

Jorque Quiroz Castro: Ex integrante de la consultora Gerens.

Luis Jara Núñez: Ex contador de Gate, procesado por estafa.

Carlos Calderón Pinto: Gerente general de la Consultora CCP.

Luis Solar Pinedo: Ex gerente general de la consultora CCP, procesado por estafa.



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