PODRIA CAER EN QUIEBRA
El conflicto entre el presidente de la empresa, Fernando Barros, y su hijo y gerente general, Alejandro, tiene en una difícil situación financiera a la frutera. El 20° juzgado civil de Santiago ordenó el embargo de sus cuentas corrientes.
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Un profundo conflicto familiar, que amenaza la estabilidad financiera de una de las principales exportadoras frutícolas del país, enfrenta Exportadora Aconcagua (Aconex) propiedad de la familia Barros.
La disputa se habría originado por las diferencias entre el presidente de la frutera, Fernando Barros Freire, y Alejandro Barros Aldunate, su hijo y gerente general de la compañía, que se encuentra entre las diez primeras exportadoras frutícolas chilenas con un volumen superior a los 5 millones de cajas —según informa su página web—, enfocada a la uva de mesa, carozo, cítricos, cerezas, kiwi, caquis, manzanas, que exporta a más de 38 países.
Tras una larga historia de diferencias que se acarrean desde 2006, Fernando Barros demandó en enero pasado a Aconex por el no pago de una serie de pagarés —que suman US$ 8 millones—, razón por la cual el 20° juzgado civil de Santiago ordenó el embargo de varias de sus cuentas corrientes y en tesorería el retorno del IVA, lo que pone a la compañía en una complicando situación financiera, comentario obligado en la industria frutera que vive por estos días su periodo de cosecha y exportación más álgido del año.
De hecho, pese a que ningún acreedor ha solicitado su quiebra, la empresa mantiene deudas operacionales con varios bancos de la plaza.
La prehistoria del conflicto
La historia de Aconex comienza en 1976 de la mano de su fundador, Fernando Barros Freire, quien comandó el despegue y desarrollo de la exportadora a la que se sumó su hijo Alejandro, el único de los cuatro miembros de la familia Barros Aldunate que trabaja en la frutera.
El 2006, cuentan cercanos a Alejandro, el padre habría llegado a un acuerdo con su hijo, a través del cual éste último le compró el 50% de la propiedad. Alejandro pagaría este porcentaje a través de los resultados de la compañía.
A esas alturas, la relación entre ambos ya no era fácil. Quienes conocen al padre, sostienen que Alejandro le "arrebató" la compañía, mientras que los cercanos al hijo consideran que éste "tomó la empresa en un muy difícil momento económico y consiguió superar dicha situación".
El quiebre definitivo entre padre e hijo, se produjo por una serie de diferencias respecto al manejo del negocio y a la venta de la fruta en el comercio internacional. A tanto llegó la discusión, que quienes conocen la historia aseguran que Fernando habría tomado toda la fruta que producía en sus campos y exportaba a través de Aconex, y comenzó a comercializarla por intermedio de otra de las exportadoras más importantes del país, Río Blanco, propiedad de su hermano Sergio.
Quebrada la relación societaria y familiar, ambos iniciaron un arbitraje con el objetivo de zanjar las diferencias y acordar una valorización de los derechos de la compañía, con el fin de que el hijo comparar su parte al padre.
El árbitro que se hizo cargo del caso fue el abogado Javier Carvallo, proceso en el cual Alejandro fue representado por el abogado Raimundo Labarca —de Vergara, Labarca & Cía—, y Fernando por Enrique Herrera, de Herrera y Cía.
Concluido el arbitraje, sin embargo, fuentes aseguran que Fernando no habría aceptado la resolución del árbitro, y se habría negado a firmar el fallo. A lo que su hijo, tampoco habría hecho efectivo su cumplimiento para no obligarse a demandar a su padre y no complicar aún más la deteriorada relación familiar, dicen cercanos a Alejandro.
Por este motivo, al mantenerse sin cambios la situación accionaria, Fernando Barros Freire sigue siendo socio y presidente de Aconex. Contactados por La Segunda, los abogados de este último no quisieron referirse al caso.
La demanda que tiene en jaque a la empresa
Pero el conflicto que envuelve a Aconex y a la familia Barros, aún estaba lejos de terminar.
En enero pasado, Fernando Barros Freire, a través del abogado Manuel Montero Matta, interpuso una demanda contra Aconex en la que solicita el pago de una deuda superior a los US$ 8 millones.
El origen de la reclamada deuda derivaría —cuentan fuentes cercanas a la exportadora— de la venta efectuada por el padre de un terreno de su propiedad, en la comuna de Pudahuel. Dicho sitio estaba en garantía por un crédito que Banco de Chile había otorgado a Aconex.
Para vender dicho predio, Fernando Barros pagó el crédito a la entidad financiera y ahora solicita que la frutera le devuelva dicho monto.
Tras la acción judicial interpuesta en enero, la jueza titular del 20° juzgado civil de Santiago, Gabriela Silva, ordenó el embargo de las cuentas corrientes de la exportadora frutícola. Esta decisión judicial es la que actualmente tiene a Aconex en una crítica situación financiera.
Una de las demandas —son cuatro— señala: "vengo en interponer demanda ejecutiva en contra de la sociedad Exportadora Aconcagua Limitada, representada por don Alejandro Barros Aldunate" y detalla que "los pagarés fueron aceptados por la Exportadora Aconcagua a favor de Banco de Chile, los cuales han sido objeto de las prórrogas y modificaciones que más adelante se señalan y que posteriormente fueron pagados a dicha institución bancaria por don Fernando Barros Freire".
Por último, agrega que Aconex "no ha cumplido su obligación de pago, encontrándose impago, lo cual da pleno y absoluto derecho a esta parte para exigir el cumplimiento total de lo adeudado".
Abogado Contador: "Buscaremos un entendimiento"
Para llevar adelante su defensa, Aconex encabezada por Alejandro Barros contrató los servicios del estudio Nelson Contador y Cía, especialistas en situaciones de crisis.
"Efectivamente nuestro estudio se encuentra abocado a conocer y solucionar la actual crisis que enfrenta Aconex, derivada de la demanda civil que presentó don Fernando Barros (socio de esta empresa) en contra de la compañía; su calidad de acreedor emana en el hecho de que él se subrogó en los derechos del acreedor Banco de Chile, porque medió un pago que éste efectuó al citado acreedor financiero", confirmó a La Segunda el propio abogado.
—¿Cómo se entiende que Fernando Barros Freire haya demandado a su propia empresa?
—Como abogado no nos corresponde ni interpretar ni evaluar las acciones que haga un socio en contra de su propia compañía, sólo buscaremos la fórmula para solucionar desde el punto de vista legal esta situación que hoy se enfrenta.
—¿Cuál sería la vía legal para dicha solución?
—Por de pronto formularemos la defensa que corresponda en este juicio, sin perjuicio de buscar un entendimiento con este acreedor. Y si ello no resultara posible, tenemos previsto otras acciones tendientes a mantener la integridad de los activos de la compañía para evitar su falencia.
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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