Miércoles 13 de Mayo de 2009
Hecha la trampa, hecha la ley
Gracias, Presidenta, por favor concedido. ¿Cuál? Mostrar el alma de la Concertación en su impúdica desnudez, gracias a la presentación del proyecto de ley sobre perdonazo en la rendición de cuentas electorales.
Pocas veces ha sido más sincera la Concertación (quizás sólo admita comparación la legislación que autoriza donaciones a fundaciones izquierdistas); en escasas oportunidades ha mostrado mejor qué la mueve, qué la anima, por qué ha logrado retener el poder con dientes, uñas y… leyes.
El proyecto presidencial es, en efecto, uno de los más sinceros y transparentes actos de la coalición gobernante (mira las cosas que logra la nueva normativa sobre transparencia).
No más eufemismos, no más subterfugios, para qué disimular más. Gracias a este proyecto, el alma de la Concertación está expuesta a todas las miradas, a todos los escrutinios.
Y lo que encontramos es penoso.
Para la Concertación no hay más ética que la legal. Lo dijo Puccio en su momento (antes de que se conocieran sus informes cuestionados): "Las leyes son el mínimo común denominador de acuerdo, de legitimidad y aceptabilidad ética en la sociedad; no hay otra ética". Y lo siguió Vidal: "La ética, en lo social, se expresa en la ley, que regula la forma de vivir en sociedad". Clarito: si se consigue una ley, la ética está asegurada. Qué importa lo que diga esa ley.
Por eso, creen que si es difícil cumplir una norma, lo que corresponde es hacerla más fácil: viva el divorcio express, viva la rendición de cuentas electorales con nuevo plazo y sin multas (afirman que ha sido difícil hacer las sumas, pero esos mismos ineptos postulaban a ser administradores municipales, y algunos lo lograron).
¿Y para qué tanta formalidad? Porque la Concertación ama el poder, y para ejercerlo necesita de este clima de legalidad anestesiante. Recibió el poder, lo cultivó, se cebó, lo amasó, no lo va a soltar ni loca: las leyes se lo deben garantizar, porque el poder es ya sinónimo de Concertación; es para sus partidos y se ejerce en el nombre del pueblo, al que sólo se invoca a la distancia. Si una de sus colectividades, el PRSD, va a ser multada, que sea perdonada; y si muchos cientos de agentes oficialistas van a tener que desviar esfuerzos de la campaña freísta para justificar sus gastos, que sean perdonados. Todo para el poder, porque desde el poder, todo.
El problema, además, es económico; se trata de recursos del Estado, o sea —piensan en la Concertación—, son dineros que los ricos han aportado para que los gobernantes los redistribuyan con criterios de eficacia política. Por lo tanto, bien pueden esas rendiciones contar con nuevos criterios y nuevos plazos, ya que una vez que las platas entran al Estado, es a él al que le corresponde su uso.
Todo lo anterior exige, más encima, la solidaridad de la clase política completa. No se le vaya a ocurrir a algún parlamentario negarse a votar favorablemente el proyecto: la Concertación lo fulminará, acusándolo de díscolo o de apoyar electoralmente a un empresario varias veces multado, según los casos. Por eso algunos aliancistas lo encontraron de entrada de lo más razonable.
Es que la corrupción no es lepra, sino virus: se transmite fácilmente, cruza las coaliciones, mina las convicciones. Y como en la Concertación se piensa íntimamente que la probidad es un concepto conservador o fundamentalista, no falta el aliancista que se infesta. Por eso, hecha la trampa, hecha la ley.
Mientras tanto, a una ley de amnistía que benefició fundamentalmente a los propios concertacionistas y a sus primos hermanos, se la viola con frecuencia respecto de los militares. Bueno, por lo menos queda un caso en que se sigue aplicando el "hecha la ley, hecha la trampa".
Difundan libremente este artículo
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN .
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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