Calidad de la actividad política: ¿cómo vamos?
Pocos temas convulsionan tanto el debate político como el de la desigualdad económica. Cuesta mantener las susceptibilidades a raya y admitir que en su discusión se entrelazan consideraciones éticas, realidades materiales y la propia naturaleza humana. Los distintos lenguajes de los protagonistas también pueden jugar malas pasadas, y la ubicación en el espectro socioeconómico sitúa engañosamente a unos y otros en situación de acreedores o deudores de mayor equidad social.
Eso explica en parte las repercusiones que siguen teniendo las expresiones de la jerarquía católica, en especial del presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Alejandro Goic, respecto de la desigualdad económica en Chile y de la necesidad de un "salario ético" para la subsistencia de una familia tipo, muy por sobre el salario mínimo legal.
El lenguaje de los pastores católicos está impregnado por el Evangelio y la carga simbólica de las parábolas del Nuevo Testamento. Sus intervenciones, en muchos casos, no admiten una interpretación literal, sino que exigen escrutar el sentido más profundo de su mensaje. De ahí las precisiones por el propio obispo Goic, descartando que se trate de un planteamiento en contraposición al salario mínimo o en favor de legislar en la materia, ni de desentenderse de la prioridad del empleo y evitar un alza de la cesantía, por un encarecimiento excesivo de la mano de obra.
En rigor, los obispos cumplieron su papel de referentes para un amplio sector ciudadano, fortaleciendo la conciencia de las tareas pendientes en cuanto a pobreza e inequidad. Porque, pese a los avances de los últimos 20 años -en que nuestra economía ha triplicado su tamaño y se ha reducido significativamente la pobreza-, la marcada desigualdad en la distribución del ingreso no ha mejorado sustancialmente, y ése fue un tema central de todos los candidatos presidenciales de 2005.
Corresponde ahora al sistema político abordar los obstáculos que impiden avanzar hacia una mayor equidad. ¿Está él a la altura de los desafíos que plantean esos problemas? Hay signos alentadores en el clima de diálogo en torno a la reforma educacional, principal instrumento para una mejora estable en la distribución del ingreso. ¿Está el mundo político dispuesto a enfrentar los intereses corporativos del Estatuto Docente que obstaculizan la modernización de la educación estatal y particular subvencionada? ¿Estamos comprometidos a duplicar o triplicar los recursos destinados a las subvenciones para hacernos cargo del costo real de entregar una buena educación? ¿Seguirá el Gobierno distrayendo la discusión con la demonización del lucro, que no tiene relación con la pésima calidad de la educación?
Una actividad política de calidad debe despejar estos interrogantes.
Lamentablemente, por momentos ésta pareciera estar dominada por un irrefrenable espíritu de "show" televisivo y de consigna. Lejos de prestigiarse con resoluciones que velen por los intereses ciudadanos de largo plazo, ciertas actuaciones se entregan al juego para la galería, sin considerar las señales que emiten. Así ocurre con el feriado del lunes 17 de septiembre, aprobado por la Cámara de Diputados, y que parece contar con el apoyo del Senado y del Gobierno, o la falta de sensibilidad para encarar el plan de escasísimas sesiones legislativas en septiembre próximo.
Pobres, trabajadores, cúpulas sindicales: identificación falaz
Contribuyó a acrecentar la controversia en torno a las palabras del obispo Goic, el que ellas se pronunciaran en el marco del violento conflicto de los subcontratistas con Codelco. El prelado no habría reparado en que esos trabajadores están lejos de la realidad de los pobres ni en que sus expresiones podían estimular las movilizaciones laborales con que amenazan algunos dirigentes a las empresas privadas.
Así ocurre con el sector forestal, cuyas plantas en operación continua requieren aprovisionamiento permanente y son muy vulnerables al bloqueo de las vías públicas. También la minería privada del cobre, que pasa por un momento de excepcional bonanza, podría ser víctima de estos movimientos, pues la paralización de cualquier faena significa millonarias pérdidas diarias. Esos dos rubros son objetivos estratégicos del sindicalismo más radicalizado.
El movimiento de los subcontratistas funciona con la lógica de los "piqueteros" trasandinos: primero bloquean las vías públicas o paralizan la actividad de la empresa blanco del movimiento, causando enormes pérdidas para sus dueños -algunos de los cuales son fondos de pensiones de millones de trabajadores- y, a partir de esa medida de fuerza, se sientan a la mesa de diálogo.
Los subcontratistas han tenido mucho éxito para captar la atención mediática, pero no representan a la gran mayoría de los trabajadores de Chile. Éstos realizan sus negociaciones individuales y colectivas en el seno de la empresa en que trabajan, y obtienen sus mejoras en función de la realidad particular de cada una de ellas y de sus respectivos aportes al trabajo común. Con todo, su menor visibilidad pública parece jugarles en contra, ya que no atraen la atención de las autoridades públicas.
Las autoridades de Gobierno parecen no diferenciar en su trato entre quienes operan dentro de la institucionalidad laboral y quienes radicalizan y soslayan la legalidad del sector. Esto favorece las posiciones más violentas, que han conseguido mejores condiciones inmediatas, y es inequitativa, pues los resultados de la negociación ya no dependen del aporte del trabajador, sino de la presión y violencia que pueda desatarse contra la empresa contratante.
En último término, la identificación entre pobres, trabajadores mineros o forestales y dirigentes sindicales, haciendo aparecer a estos últimos como los representantes de los primeros, es enteramente equivocada y así lo ratifica una mirada serena sobre los sectores que lideran el movimiento de los subcontratistas.
