a los 20 años del no
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a los 20 años del no
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José Gómez es una Radical de tomo y lomo
.No se olviden que los radicales tienen historia y tradición más que centenaria y los principios de don Enrique Mac Iver están muy arraigados "Hago votos porque su espíritu vaciado en moldes de la antiguedad clásica y con todas las visiones grandiosas del porvenir, siempre guie vuestros pasos. Asi concluía el discurso el 15 de noviembre de 1868 en el Club de la Reforma.
Entonces Gómez no es cualquier candidato, no cualquier político y nunca podrían lograr que abandone una causa. Por el contrario, se irá fortaleciendo día a día y Frei se irá achicando .
Gómez va a ser una sorpresa, que duda cabe, pero a mi no me extraña en lo más mínimo. Son los aires radicales que , son los vientos radicales que corren por los valles de cordillera a mar , el Maule de las tierras de mi tio el Poeta Jorge González Bastías que en" Infiernillo" , se le conocía como el Poeta de las Tierras Pobres.
Gómez va a abrir una nueva etapa del Radicalismo.
P. O.
Jóvenes que no superan los 20 años, vestidos de hip-hoperos, reparten pequeños volantes con faltas de ortografía.
Son los informales promotores de una decena de oscuras y pequeñas oficinas que prometen solucionar todos los problemas de plata a cambio de una comisión.
Se trata de un antiguo y lucrativo negocio que resurge con la crisis y las dificultades de financiamiento que enfrentan los segmentos más pobres.
"El Mercurio" recorrió varias de estas agencias y constató cómo el flujo de potenciales clientes no cesa.
En un edificio de Ahumada que colinda con la Plaza de Armas, unas diez personas se instalan al final de un pasillo y van ingresando a una oficina de tres por tres metros.
Ahí, un desconocido que tiene tres celulares sobre su escritorio explica el modus operandi.
Antes que todo, eso sí, los afligidos jubilados y dueñas de casa que lo visitan deben pagar $14.500 para que el informal asesor les revise los datos y les entregue un sendo perfil de crédito.
Si alguien no da con el perfil, la plata se pierde bajo el concepto de "gastos de operaciones", como ellos lo llaman.
Si lo considera un potencial cliente, el "asesor" ofrece pagar la morosidad con plata de su propio bolsillo a cambio de una comisión, que es tan alta que puede doblar el monto en mora. Una vez cancelada la deuda, se gestionaría un crédito bancario que cubre la alta comisión del prestamista y que deja al consumidor más endeudado que antes de entrar a esta oficina.
No es nada nuevo, dicen en la Policía de Investigaciones, y en la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), conocen perfectamente cómo operan estas redes que hoy toman fuerza ante la crisis, pero ambas coinciden en que resulta complejo perseguirlos, pues los montos involucrados en cada transacción son muy bajos y el delito de usura es difícil de pesquisar.
De hecho, no existe ninguna normativa que sancione el trabajo de los prestamistas, porque el Código Civil permite a cualquier persona prestar dinero, siempre y cuando los intereses no superen la tasa máxima convencional.
En respuesta a este vacío, la CCS articuló su propio equipo de prevención de estafas, compuesto por investigadores privados a cargo de detectar las redes más organizadas y por un grupo de empleados expertos en la identificación de documentos falsificados.
La web es otro de los canales que utilizan estos prestamistas. Basta con teclear en un buscador "créditos sin dicom" para que aparezcan decenas de avisos ofreciendo dinero rápido.
Pero también los clientes burlados utilizan la red para organizarse y denunciar a los estafadores. Abundan los foros donde cientos de víctimas los individualizan, revelan los nombres de las oficinas y advierten sobre los lugares en que operan.
Inmunes por bajos montos involucrados
A mediados de 2002, el diputado Antonio Leal denunció la existencia de estas redes. Siete años después, el negocio se muestra pujante.
Tal como advirtió a "El Mercurio" el subprefecto de la Brigada de Delitos Económicos, Jonás Moraga, estas actividades son antiguas y conocidas por la policía, pero es difícil perseguirlas dado el bajo monto involucrado.
"Esta gente sabe que cobrando menos de $32 mil, la Fiscalía no inicia acciones. Ahora, si hay varios afectados podríamos perseguirlos", dice.
Los modus operandi que se ofrecen a los endeudados
Préstamos con Dicom
Es el producto más requerido por los santiaguinos. La fórmula es la siguiente: el supuesto asesor realiza un perfil de crédito, por el que cobra una comisión de $14.500.
En realidad, lo que hace es revisar el boletín comercial, trámite que se puede hacer personalmente y cuyo valor formal es de sólo $2 mil. En el caso que la persona tenga morosidades por $500 mil, por ejemplo, el prestamista ofrecerá pagar esa deuda y, una vez limpios los antecedentes, le ayudará a conseguir un nuevo crédito bancario por $1 millón.
Con ese dinero, la persona le paga los $500 mil adeudados más una comisión de, por ejemplo, $100 mil (la que depende del perfil que haga el prestamista). En suma, el afectado se queda con los $400 mil restantes y una deuda de $1 millón. En el punto de partida, el afligido debía $500 mil.
Cambiar por efectivo
El cupo de las tarjetas de casas comerciales es otra opción. La mecánica es simple: cuando el cliente ya no tiene cupo para avances en efectivo, transforma en dinero el excedente que tiene para compras.
"El Mercurio" se contactó con uno de los financistas que operan en Huérfanos, quien ofreció $250 mil en efectivo a cambio de una tarjeta de multitienda cuyo tope de compras asciende a $500 mil.
Los juicios por prescripción
Constituyen una fórmula legal pero controvertida para extinguir deudas sin pagarlas.
La agencia Borrodicom, por ejemplo, promociona sus servicios reconociendo, abiertamente, que honrar las deudas puede resultar un mal negocio.
A través de su página, advierte que "no es la intención nuestra hacer juicios morales respecto a si una deuda debe ser pagada o no, ya que de hacer juicios de valor no tendríamos un solo cliente (...) en ocasiones, el pago de una deuda no genera ninguna ventaja respecto de usar otro método".
El modus operandi de estas agencias consiste en iniciar un juicio de prescripción. Para una deuda de $2 millones, por ejemplo, cobran una comisión de entre 250 mil y $300 mil.
El gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, Cristián García Huidobro, dice que la mayoría de estas agencias son conocidas en el gremio y que aunque consideramos que estas actividades son ilegítimas y utilizan expresiones poco felices para promover su negocio, son legales.
"Por ley, las anotaciones que se publican se eliminan automáticamente en 5 años, aunque no se haga nada. Estos señores hacen una pequeña trampita con el léxico: ofrecen borrar deudas prescritas sin pagar, lo que es una obviedad, porque las deudas prescritas no se pagan".
La demanda unilateral de Perú ante La Haya argumenta que no hay tratados limítrofes, sólo acuerdos pesqueros con Chile. Se trata de un cambio completo de posición, porque durante décadas el propio Perú aceptó esos tratados e hizo uso de las aguas del Pacífico en la forma en que ellos lo establecen. Chile, como es su tradición, debe defender con paciencia y serena firmeza el límite marítimo claramente definido.
Perú firmó con Chile y Ecuador la Declaración de Santiago de 1952 y el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954. Ambos acuerdos jurídicos obligatorios regulan la pesca y, sobre todo, fijan el límite marítimo. Chile no sólo tiene a su favor el argumento legal de que esos documentos firmados con Perú están plenamente reconocidos y vigentes, sino que además Chile ha ejercido ininterrumpidamente soberanía en esas aguas, sin que nadie se lo impugnara, ni terceras potencias ni países de la región como el propio Perú.
No hay explicación para el cambio de actitud peruana después de más de 50 años de vigencia de los acuerdos reconocidos por Lima, salvo tal vez la voluntad interna de buscar una tensión artificial que logre unir a ese país en torno a este tema, considerando su enorme falta de consenso político y social. Son muchas las probabilidades de que sea, sobre todo, un problema interno nacionalista de Perú. Por eso hay que observar con prudencia la belicosidad de muchas declaraciones de personeros peruanos que hemos tenido que oír estos días.
El gobierno de Lima dice además que busca en el tribunal de La Haya una solución "justa y equitativa". Esa expresión implica que Perú tiene una aspiración, un objetivo distinto a lo voluntariamente firmado hace décadas. Mientras Chile muestra los mismos títulos concretos, pactados y rubricados, Perú expone esta nueva aspiración a un espacio marítimo ampliado.
Esa aspiración, de concretarse, dejaría a Arica mirando mar peruano, enclaustrada, y traería consecuencias para terceros países. Cualquier conversación futura con Bolivia se vería afectada, y Ecuador, que firmó los mismos acuerdos con Chile y Perú para reconocer los paralelos divisorios de las aguas del Pacífico, podría esgrimir argumentos semejantes para aspirar a espacios de mar peruano. Todo el sistema del Pacífico Sur se vería afectado.
En una época histórica en que la economía globalizada tiende a la integración de los países vecinos para sumar fuerzas dentro del contexto internacional, Perú ha decidido marcar diferencias. Así, aleja corazones, voluntades y proyectos comunes para un futuro en conjunto.
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http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2009/03/22/la-proposicion-peruana-afecta.asp
A la hora de fijar las prioridades nacionales cuesta encontrar un tema que genere más consenso que mejorar la calidad de la educación. Dar pasos concretos en esa dirección, no obstante, resulta ya un poco más difícil. Después de varias escaramuzas, incluyendo un proyecto del Ejecutivo que eliminaba el lucro y la selección de alumnos y una contrapropuesta de la Alianza, el Gobierno y la oposición firmaron en noviembre de 2007, en La Moneda y con la presencia de la Presidenta Bachelet, un acuerdo que supuestamente permitiría transitar en la dirección deseada.
Fruto del acuerdo nacieron el nuevo proyecto de ley (LGE) que reemplaza al que derogaba la antigua ley orgánica y otro de aseguramiento de la calidad de la educación básica y media. Los cambios a la institucionalidad y a la regulación vigente son variados: reglas del juego más claras, espacios de libertad curricular asegurados, igualdad de trato público-privado, nuevas instituciones supervisoras más técnicas preocupadas no de los detalles burocráticos, sino que del aprendizaje. De paso, se dejó de lado la prohibición de lucro y se autorizó la selección, ya no por sorteo, sino que por proyecto educativo. Se resguardaba así la libertad de enseñanza y el emprendimiento, avanzando hacia una institucionalidad más idónea para lograr una educación de mayor calidad.
Dieciocho meses después, el Congreso está a pasos de terminar el estudio, discusión y votación de cada una de esas normas. Si bien parte de la Concertación ya había desoído los llamados de la Presidenta a apoyar la LGE intentando rechazarla en el Congreso, lo cierto es que hasta esta semana una clara mayoría había cumplido la palabra empeñada aquel día en La Moneda.
Sin embargo, esta semana las cosas cambiaron. Una jugada de cara a la galería -repleta de miembros del Colegio de Profesores- asustó a algunos y permitió el rechazo de una norma vital: aquella que permitía que profesionales hagan clases en los ramos de educación media afines a su especialidad. ¿Qué impide que un médico haga clases de biología a nuestros hijos o que un ingeniero les enseñe matemáticas? Hasta ayer era la ley pero, desde el martes, también diputados y senadores de la Concertación.
El acuerdo en educación contemplaba desde el principio entre sus disposiciones esta alternativa. Nada de novedosa si se mira el resto del mundo y se aspira a una educación de calidad. Pero el Colegio de Profesores había logrado capturar a algunos parlamentarios para rechazarla y así es como en junio se intentó eliminar esta autorización en la Cámara de Diputados. Esa vez toda la Alianza y doce diputados de la Concertación lo impidieron (10 DC, 1 PS y 1 PPD). Más tarde, en enero, la Comisión de Educación del Senado volvió a discutir el tema y hubo unanimidad para aprobar la disposición.
Pero este martes, cuando el Colegio de Profesores observaba desde cerca, un senador socialista volvió a ponerla en votación. Esta vez no bastó el apoyo de la Alianza, de 2 senadores DC y un PS, y la norma fue finalmente rechazada, aun cuando el Gobierno argumentaba a su favor y la Alianza recordaba la importancia de respetar los acuerdos para avanzar en democracia. Finalmente, la Cámara de Diputados volvió a votar el asunto y ahora sólo dos diputados DC honraron lo acordado hace meses. Queda sólo la Comisión Mixta, donde el panorama es incierto.
Este episodio nos deja ver, por una parte, la capacidad de captura que tiene uno de los más poderosos lobbies en Chile: el Colegio de Profesores. El estatuto docente impide despidos y limita el manejo de personal, negocian directamente sus remuneraciones con el Gobierno y actúan al margen de la ley cuando llaman a rechazar las evaluaciones. Ahora, cuando poco faltaba para abrir un espacio en el monopolio que protege su profesión, movieron nuevamente sus hilos, doblegando al Gobierno y a la Concertación.
Pero hay otra lectura, más política, de toda esta historia. Mientras la Alianza, disciplinadamente y dejando de lado diferencias y posturas diversas en materia educacional entre sus filas, siempre votó en bloque, respetando lo acordado por sus dirigentes, la Concertación no fue capaz de hacerlo. Ello da cuenta de la debilidad de una coalición que lleva tanto tiempo en el poder, que simplemente no tiene la voluntad ni la energía para enfrentar a un grupo de presión y sacar adelante un proyecto tan trascendente para el país. En eso ha devenido la Concertación; esa es su triste realidad, tan triste que hace llorar a su ministra de Educación, por eso y por los niños de Chile.
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Una consecuencia de la crisis actual son las mayores dificultades de las empresas para conseguir financiamiento. En ese cuadro, se ha propuesto la intervención de aquellas en crisis, para mantener el empleo. Pero eso retrotraería a épocas de intervención indiscriminada del gobierno en el sector productivo y debería rechazarse, salvo respecto del sector financiero. Esta excepción se justifica porque el colapso de compañías financieras puede tener consecuencias sistémicas, como se ha observado en EE.UU. y en países europeos. Por el contrario, en el sector productivo una quiebra tiene consecuencias limitadas, que no justifican la intervención.
Ante una crisis, se redobla la necesidad de una ley de quiebras eficaz. En la de 1982, mucho más profunda que la actual en Chile, una buena medida para salir de ella fue una reforma a la antigua ley al respecto, de 1931. Sus cambios fundamentales fueron la incorporación de síndicos privados para manejar la empresa en problemas, reemplazando en esto a los jueces, y medidas que aceleraron el proceso de liquidación o de convenio. Esta ley de quiebras fue perfeccionada en 2005, introduciendo la nueva figura del "experto facilitador" -aún poco conocida y utilizada-. La empresa en problemas puede solicitarlo al juez; él es elegido por los acreedores y tiene un plazo de 30 días para evacuar una propuesta de convenio o, alternativamente, solicitar la quiebra. El convenio propuesto debe ser aprobado por los acreedores. El facilitador no maneja la empresa, que continúa bajo su administración anterior, aunque sujeta a la intervención de aquél, y durante ese período se suspenden las ejecuciones y peticiones de quiebra. Así, tiene algunas características del Chapter 11 estadounidense, pero trata de evitar sus problemas.
Una ley de quiebras tiene dos objetivos básicos: primero, determinar rápidamente si es más conveniente para los acreedores que la empresa subsista (aunque quizás con otros propietarios), o si es mejor liquidarla. También, busca dar confianza a los acreedores, reduciendo la posibilidad de fraudes. Una ley demasiado centrada en evitar éstos no tiene la flexibilidad necesaria para encontrar soluciones eficientes que eviten liquidar empresas viables. Además, ahonda las quiebras, pues los propietarios las retrasan por temor a eventuales consecuencias penales. Se necesita, pues, un delicado equilibrio entre ambos objetivos. Una ley eficiente es esencial para que la economía pueda responder rápidamente, redestinando los factores productivos atrapados en sectores improductivos. La propuesta de intervenir empresas en problemas, por el contrario, significa mantenerlas mediante la inyección indiscriminada de recursos estatales.
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Se aprobó en tercer trámite constitucional el proyecto de Ley General de Educación, excepto un artículo muy importante, que pasó a comisión mixta. Este último permitiría a quienes posean un título profesional o licenciatura de a lo menos ocho semestres realizar clases en la educación secundaria, en un área afín a su especialidad. La Cámara de Diputados había aprobado este artículo en primer trámite, pero él fue excluido en el Senado, a propuesta de parlamentarios socialistas. Mientras este punto no se zanje en la comisión mixta (probablemente en abril entrante), dicha ley no puede promulgarse y publicarse. Esto tiene la arista de que no estaría vigente antes del 2 de abril, fecha en que el gremio de profesores ha llamado a un paro ilegal en protesta contra la nueva normativa.
Con todo, se está poniendo fin a una larga discusión sobre el marco general que debe regir la educación chilena, el cual resultó de un acuerdo político muy significativo en el que todos los sectores con representación parlamentaria cedieron parcialmente en aspectos sustanciales de sus respectivas plataformas programáticas. Las tensiones de este proceso llegaron incluso a sacudir emocionalmente, por desgaste, a la ministra Jiménez.
Pese a tal convergencia, la tramitación tomó más tiempo de lo esperado, pues la Concertación demostró poca capacidad de atenerse al acuerdo firmado en La Moneda por los presidentes de los partidos. La Alianza, en cambio, mantuvo un férreo y unitario compromiso con el mismo, transmitiendo, en una materia de trascendencia y en la que coexisten diversas visiones en su seno, una imagen de gobernabilidad que no se le conocía. Ello fue fruto de un trabajo mancomunado de sus líderes políticos y equipos técnicos, que el oficialismo no pudo igualar.
Esta futura ley tiene aspectos de enorme valor, entre los que destacan una mejor definición de derechos y deberes; exigencias más elevadas para los colegios; mayor libertad curricular y una reorganización de las etapas escolares, reduciendo la enseñanza básica a seis años y alargando la media en dos. Esto permitirá que profesores especializados impartan clases a cursos más bajos en la educación subvencionada, práctica que ya emplean los colegios particulares pagados y que es una fuente de desigualdad de oportunidades.
En congruencia con esta medida, ampliamente respaldada por técnicos y expertos, y en concordancia con la carencia objetiva de profesores en disciplinas tales como matemáticas, el acuerdo político permitía que profesionales de disciplinas afines pudieran incorporarse a la educación media. Numerosos países tienen prácticas similares en los cursos superiores, y el nuestro necesita allegar más conocimientos a las salas de clases, sobre todo las de los establecimientos más vulnerables. La situación de éstos contrasta con la de los planteles privados y algunos otros que pueden costear en sus cuerpos docentes a profesionales extranjeros de alta formación -de lo que daba cuenta una crónica en nuestra edición de ayer-. Por eso, cerrar igual opción a las escuelas menos pudientes golpea injustamente a los estudiantes más pobres.
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2009/03/21/lge-aprobacion-y-articulo-pend.asp#comments
crisis & la humanidad
La historia de la humanidad no es más que una sucesión de crisis, a las que sólo sobreviven los que más preparados estén o mejor se adapten. La crisis exige, por tanto, la transformación: variar conductas, valores y comportamientos, especialmente -dice Luis- 'comportamientos inertes que nos atan al pasado y nos arrastran al agotamiento'. Y también empezar a hacer las cosas de forma distinta, ex novo en muchas ocasiones, olvidándonos del pasado y tomando con decisión el camino, señalado por Schumpeter, de la 'destrucción creadora'.
Durante demasiados años, bajo el manto de la libertad de empresa y del mercado, hemos estado despreciando principios éticos y morales que antes eran el norte de la actuación empresarial. Inevitablemente, hace falta que aprendamos a gestionar las empresas de nuevo, de otra manera, con base en valores y principios que permitan crear valor para todos, no sólo para los que se han aprovechado, con notoria falta de decencia, de su posición directiva en la empresa. Tenemos que insistir en los principios de la Responsabilidad Social empresarial , que aprendí en un Diplomado de Responsabilidad Social Empresarial en las Naciones Unidas . Hemos sufrido, y estamos padeciendo como ciudadanos, excesos de toda índole: desde falta de regulación y descontrol a sueldos astronómicos( casos recientes en EEUU, son una vergüenza ) , pasando por notorias imprudencias, especulaciones que no se entienden, irresponsabilidades sin límites, riesgos minimizados/adulterados y una tremenda falta de profesionalidad que despreciaba (y desprecia) el esfuerzo, la ética y la prudencia en la gestión. Se ha engañado demasiado y hemos dejado crecer la mentira entre las piedras como si formaran parte de nuestro paisaje.
Todo lo que el Estado de en materias de ayudas, subsidios u otras
siempre será poco, más aún , ya que existen dudas que lleguen a los que verdaderamente los requieran
HAY QUE RECUPERAR LA CONFIANZA
En Chile pasa lo que en todo el mundo . Asi vemos como La más espantosa recesión económica que se recuerda lleva casi dos años destruyendo la prosperidad mundial y el problema sigue siendo una crisis de confianza, Igual cosa pasa en Chile, la crisis se manifestaba hace más de dos años y la anunció, en su momento, don Ricardo Claro; las autoridades no le creyeron u dijeron que estábamos blindados.
Todos ,en los países más desarrollados , dicen con razón, que la confianza perdida es la clave del drama. Lo dicen Obama, Sarkozy, Ángela Merkel y hasta Zapatero y en Chile muchos economistas lo han señalado . Los grandes expertos y economistas de prestigio llegan más lejos y reconocen que "nadie se fía de nadie", "yo desconfo del otro", y que, mientras no se recupere la confianza en el sistema, seguiremos hundiéndonos.
Entonces surge entre nosotros la gran pregunta que y que también se formulan miles de expertos, estudiosos y thinks tanks en todo el mundo es ¿Cómo podemos recuperar la confianza?
Curiosamente todos coinciden en la pregunta, pero lo sorprendente es que también todos coinciden en la respuesta, aunque son tan cobardes y tienen tanto miedo al poder que no se atreven a formular en público que la única manera de recuperar la confianza en este mundo desquiciado es metiendo en la cárcel a los miles de personajes que nos han llevado hasta el desastre, empezando por los más poderosos. Sin el castigo ejemplar de los poderosos que nos han llevado a la ruina, la desconfianza seguirá reinando y el mundo se ira a pique.
la alternancia del poder es solo mas de lo mismo si no se moderniza lo institucional para que por lo menos los avances en la tecnologia no se arranque y colapse las instituciones
rodrigo gonzalez Marzo 17, 2007:
Sitio Web: consultajuridica.blogspot.com
en 20 años de gobierno de la concertacion hay un billón de pesos desaparecidos
Posteado por: Gustavo Rojas Fernández 17/03/2009 11:49
El Mercurio más informacion, pincha aquí
[ http://blogs.elmercurio.com/cronica/2009/03/17/imputan-a-ex-rector-de-la-usac.aspN° 4 ]
Les recuerdo a los blogeros que en 20 años de gobierno hay un billón de pesos desaparecidos, no incluye las últimas corrupciones de La Moneda. Esto equivale a un millón de millones o a mil veces mil millones o 10.000 veces 100 millones($1.000.000.000.000) Equivale a 40.000 casas o departamentos 25 milones cada uno.. Lo que no se que esto de la Usach está incluida en esta cifra o no... Este cuento ya se repite demasiadas veces y se llama " el carrusel"