Con muy escasa difusión, el actual Gobierno está impulsando un vasto conjunto de iniciativas que constituyen un programa de atención especial a las necesidades de la IX Región en general y a la cuota de su población de ancestros prehispánicos en especial. Sus componentes incluyen lo socioeconómico, lo educacional y cultural, salud, infraestructura pública y vivienda, entre otros. Ha sido bien acogido por sus habitantes, que son fruto de variados mestizajes por más de cuatro siglos, así como por las comunidades indígenas, que en su inmensa mayoría aspiran a un justo progreso sustancial en un marco de paz y seguridad. A ese respecto, el Estado se esfuerza por sacar a La Araucanía del abandono y retraso que no pudieron superar sucesivas políticas públicas erradas.
El Estado sí está en deuda, en cambio, y grave, en cuanto a otorgar a todos los habitantes de La Araucanía un nivel aceptable de seguridad y de garantía de la vigencia plena del Estado de Derecho. No cabe admitir que minorías violentistas y terroristas, ilegalmente organizadas y armadas, mantengan impunemente en jaque constante a las autoridades gubernamentales, la judicatura, las fiscalías y policías. Es inaceptable que el sistema de orden público no pueda hoy funcionar con normalidad en diversas zonas de esa región. Y no lo es, tampoco, que muchos ciudadanos -indígenas y no indígenas por igual- vean atropellados una y otra vez los derechos básicos que la Constitución les garantiza en cuanto a vida, integridad física y psíquica, propiedad, emprendimiento, trabajo y otros. Para demasiados de ellos, esas garantías son hoy letra muerta.
Los fiscales se esfuerzan por hacer valer la ley, pero, en palabras del fiscal jefe de Collipulli, "ha escalado la intensidad, gravedad y poder de fuego de los atacantes. Éstos son cada vez más violentos y recurrentes", e intimidan a los testigos de cargo en los juicios con represalias contra sus personas, familias y bienes, logrando de hecho paralizar la acción cabal de la justicia.
En ese cuadro, no puede sorprender que un grupo multigremial de habitantes de La Araucanía -gente de trabajo y duro esfuerzo, en permanente trance de perder la obra de sus vidas, o sus vidas mismas- haya comenzado a organizarse para hacer valer sus derechos. No se trata de autodefensa para responder a la fuerza con la fuerza, ni de autoerigirse en instancia paralela o complementaria al Estado, sino de poner en flagrante evidencia ante el país, y en especial ante las autoridades, la creciente gravedad del curso que siguen los acontecimientos en esa zona, y mover a dar los pasos que requiera el imperio del derecho. En esa línea, fue elocuente, por ejemplo, un primer catastro de los hechos de violencia registrados (incendios de predios, instalaciones, viviendas, vehículos; ataques con armas de fuego y otras contra policías y fiscales; decenas de heridos y hasta un muerto). Se consignaron 171 durante 2011, y otra cifra similar hasta julio de este año. Es de imaginar la reacción que provocaría algo parecido (e incluso mucho menor, si ocurriera en la Región Metropolitana). Los blancos no son sólo ya grandes empresas forestales u otras, sino cualquier actividad, emprendimiento o persona que no acate lo que ordenan los extremistas.
Es valioso lo que tal organización multigremial u otras similares puedan hacer, pero, evidentemente, ellas no pueden reemplazar la acción del Estado. Son los agentes de éste quienes, en el amplio marco que prevén la Constitución y la ley, deben actuar impostergablemente, con energía condigna a la magnitud del atentado contra la institucionalidad que están cometiendo los extremistas. No cabe permitir que éstos transformen a La Araucanía en un territorio en que el derecho chileno no rija.
Saludos
Rodrigo González Fernández
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