|
|
Además, durante el consejo se aprobó el cambio de estatutos donde se suspenderá y/o expulsará a todo militante que esté acusado de algún delito, sobre todo aquellos que atenten contra la probidad y transparencia.
Durante el Consejo General de Amplitud realizado en el ex Congreso Nacional y en medio de la aprobación por unanimidad del Consejo al voto político, donde el partido se compromete a llevar candidato propio o del conglomerado Sentido Futuro a la primera vuelta presidencial, la senadora Lily Pérez asumió la presidencia de la colectividad.
La nueva timonel de Amplitud aseguró que su presidencia estará marcada por una agenda más social, donde los temas de mayor preocupación serán educación, salud y pensiones. "Le decimos desde aquí a la Presidenta Michelle Bachelet: No venda ilusiones, como partido exigiremos realidades", dijo la senadora.
En su discurso frente a los militantes de la colectividad, Lily Pérez, recalcó que el partido irá un paso adelante en materia de probidad y confirmó que el conglomerado continuará la conformación del partido en el resto de las regiones con recursos propios tal como ocurrió en la primera etapa, por lo que prescindirán de los recursos en materia de pasajes aéreos que otorgará el Senado.
Además, aseguró que el límite de la reelección de autoridades debe ser sólo de dos períodos, ya que "queremos que nuestros concejales sean alcaldes, que nuestros Cores sean Intendentes, y que nuestros diputados sean senadores", y propuso que los candidatos electos en las próximas elecciones municipales donen el 5% de sus ingresos como autoridades a alguna organización de la comuna donde fueron electos.
La propuesta presentada por la directiva saliente, encabezada por el diputado Joaquín Godoy, ante el primer consejo nacional del partido tras ser ratificado por el Servel, estipula que: "Como partido político nacional, y como una forma de consolidar y dar proyección a nuestro proyecto de centro liberal, es que no se entendería apoyar una candidatura externa. Aún más, si esta proviene de los dos bloques tradicionales, que pese a sus cambios de nombre, siguen siendo lo mismo desde 1990".
Además, consejo en pleno aprobó el cambio de estatutos que agrega la suspensión y/o expulsión de los militantes que sean investigados o condenados por delitos marcando la diferencia con otros conglomerados.
"De esta manera, se marca una gran diferencia con el resto de los partidos políticos que tienen acusados dentro de sus filas y no han dado señales claras de transparencia hacia la ciudadanía. En Amplitud damos esta gran señal, porque las reglas éticas las fijamos nosotros", aseguró el secretario reelecto, diputado Pedro Browne.
El próximo Consejo de Amplitud se realizará el 19 de noviembre de este año.
Lee también:
En 2007, cuando partió el Transantiago, las condiciones para operar pactadas entre el gobierno y los privados eran de las "mejores del mundo", describe José Ferrer, director de Alsacia-Express, la mayor empresa del sistema, con 1.872 buses y 93 servicios que cruzan la capital. En contraste, el Ejecutivo reconoce que la firma hoy se encuentra en su peor crisis financiera: adeuda a inversionistas extranjeros y fabricantes de vehículos, US$ 400 millones. "No pudimos cumplir ni siquiera en forma parcial con una cuota, por lo que caímos en un default total", señala. No hace ninguna autocrítica respecto a la mala gestión que les endosa el gobierno, sino que Ferrer plantea que su situación se debe a los cambios de contratos (pago por pasajero transportado en un 70%), en 2012, y que no ha habido una modificación de los mismos, lo que agravó las condiciones. ¿El ministro de Transportes tiene responsabilidad en este problema? "El es el director de orquesta y lo que suceda en Transporte es su responsabilidad", responde.
Ustedes comenzaron a operar sin dificultades aparentes. ¿Qué los lleva a este escenario?
Este es un sistema que en sus orígenes tuvo un comienzo complejo, con una tasa de mortalidad alta: se partió con 14 operadores y hoy son siete concesionarios. Yo estuve desde la primera renegociación de contratos y la puesta en marcha de un sistema es muy agonizante. Se requiere de mucha voluntad política y de los privados para enfrentar sorpresas. El contrato de concesión con el que partió el sistema era uno de los mejores del mundo, porque contemplaba la capacidad de tener un equilibrio financiero, lo que era bien visto por los inversionistas. Era de bajo riesgo.
Luego vino la renegociación de contratos de 2011. ¿Qué impacto trajo para el sector?
La propuesta de contrato fue rechazada por el grupo Alsacia-Express en su momento, debatida financieramente y técnicamente y se extendió por muchos meses el análisis: fuimos los últimos en firmar. Nuestra continuidad en el sistema fue condicionada a la aprobación de los contratos. Se nos amenazó de que no terminaríamos las concesiones si no los aprobábamos y por ello alertamos al grupo de los problemas que veíamos, de los riesgos. La tarifa que se nos fijó no tenía el respaldo técnico y tuvimos que aceptar ingresos inferiores a los que debían ser. Además, hicimos inversiones para reducir la evasión, buscando capturar recursos a través de las validaciones.
¿Qué impacto observan hoy luego de que se aceptaran esas condiciones?
Durante los últimos años se afectó al estructura de costos y los ingresos por diversas situaciones. La industria cayó en demanda, lo que se traduce en que hemos perdido el 25% de las validaciones, tenemos costos para controlar la evasión que no se compensan y descuentos que alcanzan los US$ 20 millones por año, al no lograr los indicadores. Pero hay que entender que esos indicadores están impactados por la flota, su estado, comportamiento de conductores y eventos en la ruta.
Tenemos un deterioro progresivo de la flota -que cumple nueve años- y se opera en una infraestructura inadecuada. También se trabaja con un nivel de vandalismo no observado en ningún otro país de América Latina. Eso impacta en la reparación de los buses y en los descuentos por la falta de vehículos. Esto es equivalente a que tuviéramos nueve jugadores de fútbol en la cancha ¿Qué posibilidades tenemos de ganar? El ministerio nos ha obligado a mantener un plan inviable por los últimos dos años y que ha sido validado aunque haya déficit.
¿Eso los lleva a un desequilibrio económico total?
El desequilibrio económico ha ido en aumento por un nivel de ingresos que cae y los mecanismos de ajuste que no contemplan los factores clave. Nos sorprende escuchar al gobierno decir que las empresas tienen los suficientes recursos debido a su operación. Pero en ello no se considera el componente del endeudamiento en la estructura de capital. Por ello, cuando se habla de retornos, uno debe hablar del resultado después de las obligaciones financieras.
¿A cuánto asciende la deuda hoy y qué piensan sus acreedores sobre su realidad en Chile?
La deuda asciende US$ 400 millones, de los cuales US$ 350 millones corresponden a los bonistas, mientras que el resto es con brazos financieros, es decir, los fabricantes de buses (Volvo y Scania). Además, hay deudas hipotecarias por un terminal. Es el monto más alto del sistema. La principal frustración de los acreedores es que han visto que el actuar del gobierno va en contra de un contrato de concesión. No entienden por qué el Estado chileno ha sido exitoso en promover alianzas público-privadas, ha protegido la inversión extranjera históricamente, pero hoy posee un comportamiento que se aparta de lo que ha sucedido con otro tipo de industrias. En Chile nunca ha habido financiamiento para empresas del Transantiago y buscamos capitales afuera, pero hoy tenemos las puertas cerradas. Teníamos un pago de la deuda (de US$ 23 millones) en junio y no pudimos cumplir ni siquiera en forma parcial, por lo que caímos en un default (suspensión de pagos).
¿Hay riesgo de que no puedan seguir operando si no reciben recursos?
Acordamos con los acreedores un plazo de 90 días de gracia durante el cual los bonistas no van a ejercer acciones contra nosotros. Y vamos a trabajar en que esto se solucione. Cuando estás en cesación de pago, hay otros actores que toman decisiones que gatillan procesos. Luego de los 90 días, y si no hay acuerdo con ellos, pasaremos a un período donde vamos a enfrentar incertidumbres, pero tendremos la capacidad de operar intacta y resultados operacionales que nos permitan estar al día. Pero a los acreedores les deberemos.
Evaluación
El gobierno dice que hay empresas en similares condiciones con un buen desempeño...
Nos sorprende la falta de interés del gobierno en entender el funcionamiento de las empresas. Hemos extendido invitaciones al ministro de Transportes y a su equipo para que puedan aclarar cualquier duda, abrir procesos de auditoría y comprender nuestros resultados. Cada empresa tiene su propia estructura y funcionamiento. Ejemplo de ello es que el 75% de nuestros servicios que comienzan a operar fuera de las terminales, eso lleva que hayan kilómetros en vacío, los que llegan al 15% del total, lo que no son pagados. Hemos pedido cambios para que este factor se contemple hoy y también en la próxima licitación, pero no hemos sido escuchados.
¿Qué requerimientos están realizando a la autoridad hoy?
Ellos aceptaron reajustar por la caída de pasajeros y el proceso del panel de expertos fue tortuoso, porque se declararon incompetentes. El gobierno no aceptó tratar algunos temas, como el aumento de los vehículos de reserva y la renovación de la misma. La posición ante estos puntos en el último año y medio fue una posición 'fiscalista', no reconociendo el contrato de concesión. Pero, en 2012, hubo condiciones de ajuste en los contratos a operadores, a quienes se les renovó la flota y se les aumentó la tarifa. Hemos pasado por una situación de flota muy compleja que tiene un componente de calidad y cantidad: en la medida que la velocidad baja en las calles, se genera un requerimiento de buses extra. Y si el vehículo envejece, los tiempos requeridos para el mantenimiento aumentan y la cantidad de máquinas, finalmente, baja.
¿Han obtenido alguna respuesta en concreto?
Hemos estado en forma permanente solicitando un análisis profundo. La autoridad establece los ingresos y costos, además de los recorridos. Hay que ver cuántos cambios se han establecido en el programa operacional en los últimos 36 meses. Este gobierno no ha hecho nada y ha incumplido sus responsabilidades, especialmente, el equilibrio económico.
¿Tiene responsabilidad el ministro de Transportes en estos problemas de la industria?
El ministro (de Transportes) es el director de orquesta, tiene nombre y apellido, acá hay responsabilidades personales. Es ineludible que él es responsable de lo que suceda en el sector Transportes. Pese a que hay estudios respecto a estos problemas, no ha habido una respuesta adecuada para el usuario, ante lo masivo que es el transporte público. Ante el diagnóstico hecho por los operadores, no hubo un acompañamiento de la autoridad. Hay déficit que nos siguen golpeando: la gestión de flota que estaba en los contratos iniciales; la evasión y que se nos responsabilice por ella, porque no estamos encargados del orden público. Existen apenas 3,5 estaciones de recarga por cada 10 mil habitantes (de la tarjeta Bip). ¿Y quién pone las reglas del juego? es el gobierno, que ve los servicios, los contratos, aprueba flotas. Quieren evadir su responsabilidad en el tema.
¿Participarán de la licitación de 2018?
Nos preocupa que cuando llegue el momento de financiar las inversiones en miras a la nueva licitación, las puertas del financiamiento van a estar cerradas. El proceso que vivimos puede condicionar el participar en una próxima licitación, en la medida que no logremos hallar un mecanismo para solucionar la situación financiera.
Respecto al interés de la industria internacional, tenemos conocimiento de que la autoridad ha hecho gestiones en los últimos 12 a 18 meses con operadores que conocemos. La respuesta que han tenido es que no están interesados en participar en el sistema, en este momento. Algunos de ellos visitaron Chile, se familiarizaron con el sistema y la verdad, objetivamente, ven que el sector tiene situaciones preocupantes: varias quiebras, las empresas endeudadas, entonces las compañías extranjeras dicen "¡yo no lo haría mucho mejor!".
La Fiscalía Centro Norte acogió a tramitación la denuncia por prevaricación que interpuso un grupo de diputados de RN contra los ex defensores de Natalia Compagnon -los abogados Felipe Polanco y Jessica Norambuena-, durante la primera etapa del caso Caval.
Así lo anunciaron los diputados RN José Manuel Edwards, Diego Paulsen y Paulina Núñez, quienes acudieron al Ministerio Público el 16 de junio para interponer la denuncia, con el objetivo de que se indague si los ex defensores perjudicaron a Compagnon, además de una posible intervención de La Moneda en la estrategia seguida por Polanco y Norambuena.
La acción judicial fue presentada luego de que Natalia Compagnon manifestara su disconformidad con el manejo de sus anteriores abogados, no descartando que su defensa estuviera controlada por La Moneda.
"A ellos les importaba mucho que yo no hablara con la prensa, que siguiera estrictamente el camino judicial en esto, que ojalá salpicara lo menos posible al gobierno, siempre la idea fue separarme completamente de La Moneda", dijo la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet en entrevista con Reportajes de La Tercera, donde agregó que se sentía "perjudicada" por el manejo de sus ex defensores, ligados al estudio del abogado Isidro Solís, históricamente cercano a la Mandataria.
"Estamos muy conformes porque se acogió a trámite la denuncia y esperamos que se llegue a la verdad respecto de si La Moneda digitó o no el caso Caval a través de influenciar de manera no legal el actuar de los abogados de Compagnon", dijo el diputado Edwards.
Según el legislador, "si el delito de prevaricación se llegara a comprobar, estaríamos frente a una situación en que el hilo se pudo haber cortado por lo más delgado, que era dejar caer a Compagnon para así salvar a la Presidenta Bachelet y a su hijo, Sebastián Dávalos".
En la denuncia, los parlamentarios invocan el artículo 231 del Código Penal, que señala que "el abogado o procurador que con abuso malicioso de su oficio, perjudicare a su cliente o descubriere sus secretos, será castigado según la gravedad del perjuicio que causare". Las penas van desde la suspensión hasta la inhabilitación perpetua para el cargo o la profesión, además de una multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales.
En esa línea, el abogado patrocinante de la denuncia, Eduardo Riquelme, afirmó que "valoramos que la denuncia se haya acogido a trámite por parte de la fiscalía, y esperamos que se realicen algunas diligencias a fin de esclarecer el ilícito que se ha denunciado".
A cargo de la investigación, la Fiscalía Centro Norte designó a la fiscal Giovanna Herrera.
Nota
CORTE SUPREMA DICTA SENTENCIA DEFINITIVA EN ARISTA PRINCIPAL DEL CASO MOP GATE
La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación sobre una serie de irregularidades cometidas en el Ministerio de Obras Públicas y la empresa Gestión Ambiental y Territorial (GATE), proceso que investigó en primera instancia la ministra Gloria Ana Chevesich Ruiz.
En fallo unánime (causa rol 25378-2014), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Haroldo Brito, Andrea Muñoz y Manuel Antonio Valderrama– acogió el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había condenado a 11 empleados de empresas consultoras que operaron con el MOP.
De esta forma, el máximo tribunal mantuvo la sentencia de primera instancia dictada por ministra Chevesich, que condenó a los siguientes funcionarios públicos:
-Carlos Cruz Lorenzen: 3 años de presidio en calidad de autor del delito de fraude al fisco continuado.
-Sergio Cortés Castro: 5 años de presidio como autor del delito de fraude al fisco continuado.
-Roberto Salinas Briones: 60 días de presidio como autor de fraude al fisco continuado.
-Sergio Hinojosa Ramírez: 60 días de presidio como autor de fraude al fisco continuado.
-Ramón Silva Améstica: 60 días de presidio como autor de fraude al fisco continuado.
-Eduardo Bartholin Zanetta: 61 días de presidio como autor de fraude al fisco.
-Gonzalo Castillo Navasal: 61 días de presidio como autor de fraude al fisco.
-Nassir Sapag Chain: 200 días de presidio como autor de fraude al fisco.
-Héctor Quiroz Astorga: 60 días de presidio como autor de fraude al fisco continuado.
-Dolores Rufián Lizana: 60 días de presidio como autor de fraude al fisco continuado.
-Óscar Araos Guzmán: 541 días de presidio como autor de fraude al fisco continuado.
-Héctor Peña Véliz: 61 días de presidio como cómplice de fraude al fisco.
-Luis Jara Núñez: 40 días de presidio como encubridor de fraude al fisco.
La sentencia del máximo tribunal confirmó la sentencia de primera instancia: "(…) en atención a las fundamentaciones que se han reproducido, este tribunal no puede sino llegar a la convicción, basada en la prueba que analiza profusamente el fallo de primer grado, que en la especie se ha configurado el delito de fraude al Fisco ocasionado con las maquinaciones que se expresan claramente en el fundamento 22 del dictamen de primera instancia y que ocasionó al Estado un perjuicio efectivo de $799.142.217, en la que un grupo de personas idearon un procedimiento para sobrevalorar el precio de consultorías necesarias para cumplir objetivos de obras públicas estatales, para obtener indebidamente recursos que se destinaron a pagar honorarios no consultados en el presupuesto público y que el Fisco no estaba en el deber de solucionar, lo cual según los antecedentes latamente explicados en dicha sentencia, que se ha reproducido en lo pertinente, importa cumplir con los elementos del tipo penal que hacen ilícita esas maniobras dolosas".
Resolución que agrega: "Con el mismo rigor probatorio se ha demostrado que en dichas conductas ilícitas tuvieron participación culpable en el delito, que se calificó como continuado, los acusados Cruz Lorenzen, Cortés Castro, Salinas Briones, Hinojosa Ramírez, Silva Améstica, Bartholin Zanetta, Castillo Navasal, Sapag Chaín, Quiroz Astorga, Rufián Lizana, Araos Guzmán, Peña Véliz y Jara Núñez, de modo que esa convicción de condena basada rigurosamente en la prueba aportada y que se constituyen como cargos fehacientes de esa responsabilidad, obligan a aceptar el criterio de condena manifestado en la sentencia de primera instancia y por lo tanto, no es posible modificar esas determinaciones y que aparecen reclamadas en los recursos interpuestos por dichos sentenciados, para enervar esas decisiones".
"Esta Corte coincidirá –continúa– con la juez a quo en lo que se refiere a las absoluciones de determinados consultores que dispusieron los giros de cheques de la cuenta corriente de su empresa para hacer devolución de una parte de un precio que a instancias de funcionarios del MOP, mandante de dichos contratos, según condiciones impuestas de forma perentoria y que aparecían como aceptables o plausibles, de manera que en los casos de los inculpados Marcos Luraschi, Abdón Naím, Sergio González, Francisco González, Eduardo Valenzuela, Luis Arrau, Alejandro Gutiérrez, Francisco Donoso, Carlos Calderón, Luis Solar y Jorge Quiroz, no demostrada de manera vehemente la existencia de una colaboración maliciosa en la producción del suceso ilícito, ideado por funcionarios públicos de un organismo del Estado como es el MOP, es dable aceptar la certeza moral absolutoria arribada por la juez de primera instancia y que autoriza el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal".
La sentencia, además, impone a los condenados Cruz, Cortés, Salinas, Hinojosa, Silva, Bartholin, Castillo, Sapag, Quiroz, Rufián, Araos, Peña y Jara, las penas accesorias de inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio público y se les impone una multa ascendente al 10% del monto defraudado.
En el aspecto civil, se acogió la demanda deducida por el Consejo de Defensa del Estado, por el Estado de Chile, y se condenó a los acusados a pagar la suma total $799.142.217 (setecientos noventa y nueve millones ciento cuarenta y dos mil doscientos diecisiete pesos).
| VER FALLOS (PDF) |
| Corte Suprema |
| ICA Santiago |
| Primera instancia |
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cerró hoy su reunión ministerial en Cancún, en el sureste de México, con la firma de una "hoja de ruta" que buscará fomentar una economía digital incluyente y transformadora.
"Ha sido un hito y ahora tenemos una hoja de ruta para entender cómo la digitalización transforma nuestras vidas y cómo podemos aprovecharla al máximo y ayudar a aquellos que están en riesgo de quedarse atrás", dijo el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría.
En su discurso de clausura de la cita ministerial de la OCDE sobre la economía digital, celebrado del 21 al 23 de junio, explicó que la institución, que agrupa 34 países, ha acordado que en dos años tendrán un análisis sobre la forma en que la digitalización puede "impactar en el crecimiento económico y la prosperidad".
Acompañado de varios miembros del Ejecutivo y altos funcionarios de otros países del organismo, como Francia o Corea del Sur, recordó que en esta economía digital, que es un futuro ineludible, los países habrán de trabajar de la mano para una mejor regulación, gobernanza y seguridad.
Celebró que se hayan reducido los costos de internet, pero recordó que todavía la mitad de la población mundial no tiene acceso a la red, lo que complica un panorama actual en el que confluyen tecnologías e infraestructuras del siglo XIX, XX y XXI.
En este escenario, se congratuló que al cierre de este foro los participantes tengan por fin "una visión y una hoja de ruta muy clara" sobre las "tareas" o pasos a seguir en las "próximas etapas".
En este sentido, instó a las naciones a pensar sus políticas, como la fiscal, la comercial y la de transporte, desde una "lupa digital".
"Sabemos más de agricultura, que representa el 4 % de la economía mundial y está bajando, de lo que sabemos acerca de lo digital" es que ha crecido 45 veces en los últimos años, apuntó.
Ante este proceso acelerado e "irreversible" hacia la economía digital, la OCDE tiene el desafío de lograr que esta sea incluyente, y ello requerirá que trabajen en sintonía las agendas nacionales e internacionales, apuntó.
"Trabajemos juntos para esta agenda y para que se convierta en una piedra de toque de desarrollo de nuestros pueblos para transformar el crecimiento, la innovación y la prosperidad", concluyó Gurría, que también celebró el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC tras cinco décadas de conflicto.
En rueda de prensa, Gurría alertó también del tema de la seguridad: "El gran equilibrio está entre la seguridad, la privacidad y que fluya la información".
A su vez, el coordinador para las Comunicaciones Internacionales del Departamento de Estado de Estados Unidos, Daniel Sepúlveda, remarcó en un breve discurso la "enorme oportunidad" para países y empresarios que supone aprovechar las nuevas tecnologías y apostar por un desarrollo sustentable.
"Estados Unidos respalda las metas incluidas" en la declaración de Cancún, aseveró.
El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, aplaudió que esta cumbre de la OCDE haya servido para pactar "el diseño de una agenda de transición hacia la economía digital".
Ello porque la transición de las industrias tradicionales es inevitable, y en ellas la tecnología y la digitalización será "el principal motor de crecimiento".
En este esquema se deberán adaptar las habilidades de la fuerza laboral, robustecer la confianza en la economía digital y el internet y fortalecer la seguridad en línea.
Guajardo sustituyó hoy en el discurso de cierre del foro al mandatario de México, Enrique Peña Nieto, quien se trasladó a La Habana para presenciar la firma del acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las FARC para el fin del conflicto armado.
Fecha de publicación: 22/06/2016
