SANTIAGO.- La Contraloría General de la República determinó que el alcalde de Providencia, Cristián Labbé, se excedió en sus facultades en la organización de un homenaje al ex agente de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Miguel Krassnoff, realizado en noviembre del año pasado.
Según el organismo fiscalizador, dicho evento no puede ser vinculado a actividades relacionadas con las funciones que corresponden al municipio.
"No se advierte que la convocatoria al acto en homenaje a la persona de que se trata se encuentre vinculada con el cumplimiento de una determinada función municipal", precisó la Contraloría.
"En tal entendido, la actuación de la autoridad edilicia en orden a invitar al referido evento invocando el cargo que ejerce y, por ende, la representación del referido municipio, ha excedido el marco jurídico vigente y ha importado la contravención a una prohibición expresa que le impone la preceptiva estatutaria", añade.
Según el dictamen, si bien el recinto del Club Providencia fue contratado por privados a nombre de Patricio Malatesta, fue la municipalidad de Providencia, en su calidad de administrador del inmueble, la que se hizo cargo de los daños sufridos por el recinto durante las manifestaciones en contra del acto, según Radio Universidad de Chile.
La determinación también indica al alcalde Labbé que deberá abstenerse, en el futuro, de realizar actividades que excedan el estatuto administrativo para funcionarios municipales.
La decisión de la Contraloría siguió
a un oficio presentado por el diputado Jorge Burgos (DC) en noviembre del año pasado, en el que solicitó un pronunciamiento del ente fiscalizador sobre la polémica invitación.
El acto se llevó a cabo el 21 de noviembre pasado,
en medio de intensas protestas realizadas por opuestos a la ceremonia junto a familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos. Los disturbios causaron grandes destrozos en el club y en las calles aledañas.
El alcalde Labbé, en tanto, justificó la realización del acto y consideró que la "funa" en su contra había "
vulnerado el derecho de libre expresión" de los convocantes.
Paralelamente, el envío de la invitación a La Moneda y la contestación entregada entonces por la Dirección de Gestión Ciudadana de la Presidencia, en la que se deseaba "éxito" a la iniciativa,
generó una polémica que se zanjó con el reconocimiento por el Gobierno del error cometido en dicha respuesta.
