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jueves, diciembre 09, 2010

La guerra por Wikileaks ya es viral

La guerra por Wikileaks ya es viral

Sufren ciberataques Mastercard, la fiscalía sueca y el abogado de las mujeres que denuncian a Assange

ANNA GRAU / CORRESPONSAL EN NUEVA YORK
Día 09/12/2010 - 11.32h
121 comentarios
¿Ha estallado la guerra mundial viral? A la entrada en prisión preventiva de Julian Assange siguió hoy una oleada de ciberataques virales contra los enemigos de Wikileaks, empezando por Mastercard, desde que este gigante del crédito se negó a procesar más donaciones para los rompedores de secretos, alegando que estos han incurrido en actividades ilegales. Ataques similares han sufrido la página web de la fiscalía sueca, que pide la extradición de Assange por varios delitos de índole sexual, la dirección electrónica del abogado de las dos mujeres que le han denunciado, el banco suizo que le cerró una cuenta y PayPal, que también ha dejado de trabajar con Wikileaks.
La semana pasada era Wikileaks la que se veía bajo el ciberfuego, obligada a «replicarse» en una miríada de webs espejo, expulsada de Amazon y atacada por hackers que se declaraban ávidos de castigar a Assange por «haber puesto en peligro las vidas de nuestras tropas». ¿Quién a hierro mata, a hierro muere?
El asalto a Mastercard.com tenía nombre de guerra y todo, «Operation: Payback» (Operación Venganza, por si alguien tenía dudas), y fue reivindicado por un grupo de hacktivistas autobautizado como "Anónimo". Ellos lanzaron un ataque DDoS (denegación de servicio) que hizo imposible acceder a la web de Mastercard durante horas.
Paralelamente Wikileaks se apresuró a difundir un cable secreto con información supuestamente comprometedora tanto para Mastercard como para Visa, que podría ser la diana del próximo ataque DDoS. Según un cable fechado en febrero de este mismo año en la embajada norteamericana en Moscú, Estados Unidos habría estado presionando con éxito para impedir la aprobación de una ley que vendría a nacionalizar las operaciones con tarjeta de crédito dentro de la Federación Rusa. Un consorcio estatal de bancos de este país se ocuparía de manejar todas las transacciones y por supuesto de cobrar todas las comisiones, que según el diplomático Matias Matman podrían exceder los 4.000 millones de dólares al año. Gran parte de esa tajada dejarían de llevársela Visa y Mastercard.
No es que sea tan extraordinario que un gobierno presione a otro en beneficio de las empresas de su país. Se hace a menudo y sin necesidad de intereses ocultos, sólo pensando en los puestos de trabajo que esas empresas crean y en su aportación al PIB. Pero sacando a la luz este cable en este momento se sugieren líneas ocultas de complicidad entre la Casa Blanca y Mastercard que explicarían por qué esta empresa le cerró las puertas a Wikileaks. Quien no está conmigo, está contra mí, y los famosos documentos secretos, más que un hito de la transparencia, devienen un arma de guerra.
Por otra parte a Assange le salió ayer un defensor inesperado –si bien algo tardío- en la persona de Kevin Rudd, el ministro de Exteriores de Australia. Rudd insistió en negar enérgicamente que su gobierno esté cooperando contra el de Estados Unidos para poner cerco a Wikileaks, reiteró la oferta de pleno apoyo consular a Assange y se mostró preocupado por las amenazas de muerte contra este. Rudd mantuvo la posición previa de que la difusión de estos documentos secretos es una gran irresponsabilidad, pero pidió no culpar de ello a Assange sino al gobierno de Estados Unidos, que era quien tenía que custodiarlos.
«Creo que alguien tiene que contestar unas cuantas preguntas sobre si los sistemas de seguridad de estos documentos eran suficientes y sobre cómo es posible que tanta gente haya tenido acceso a ellos durante tanto tiempo», dijo el jefe de la diplomacia australiana, poniendo el dedo en la llaga de lo que muchos reprochan a Washington.

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Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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Presidente Piñera: Espero que aprendamos la lección de este trágico y doloroso accidente de la cárcel de San Miguel

Presidente Piñera: Espero que aprendamos la lección de este trágico y doloroso accidente de la cárcel de San Miguel

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El Jefe de Estado recibió esta mañana el informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ocasión en la que ratificó los esfuerzos del Gobierno por mejorar las condiciones del sistema penitenciario en el país.
El documento recoge la situación de Chile en materias como situación de la mujer, pueblos originarios, diversidad sexual, infancia y adolescencia, población carcelaria, situación de refugiados y violaciones a los Derechos Humanos.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, afirmó esta mañana que el país debe sacar lecciones de lo ocurrido en la cárcel de San Miguel, donde un incendio acabó con la vida de 81 internos. "Espero que aprendamos la lección de este trágico y doloroso accidente de la cárcel de San Miguel, y que aceleremos el ritmo y el tranco para una profunda reforma a nuestro sistema penitenciario", dijo durante su intervención en la ceremonia de entrega del Informe Anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Acompañado por los ex presidentes Patricio Aylwin y Ricardo Lagos y por los ministros Secretario General de la Presidencia, Cristian Larroulet; Segegob, Ena Von Baer; Justicia, Felipe Bulnes, entre otras autoridades, el Mandatario recordó que desde que asumió el cargo impulsó una profunda reforma al sistema penitencio, iniciativa que considera mejoras en el sistema sancionatorio, uso de nuevas tecnologías, ampliación y remodelación de las cárceles, construcción de nuevos centros penales y habilitación, en el mediano plazo, de establecimientos modulares de reclusión. "Todo ello supone una inmensa inversión, cercana a los 460 millones de dólares, que va a incrementar la superficie total construida en 235 mil metros cuadrados y va a crear 10 mil nuevas plazas en nuestro sistema penal, lo que nos va a permitir, dependiendo del aumento en el número de internos, reducir el sobrepoblamiento actual a la mitad, y sin duda, también permitirá mejorar la dignidad y calidad de vida de los reclusos y sus opciones de trabajo, rehabilitación y reinserción", afirmó.

El Jefe de Estado sostuvo también que resulta "una paradoja comprobar o comparar el enorme esfuerzo que hizo la sociedad chilena para salvar las vidas de 33 mineros atrapados en las profundidades de una montaña, frente a lo poco que hacemos como sociedad y a lo poco que hemos avanzado como país para garantizar condiciones más dignas y seguras a miles y miles de compatriotas que están privados de libertad".

Manifestó además, que el problema penitenciario "es un tema que, todos sabemos, se arrastra por décadas y décadas. Y, por tanto, nuestro interés no está tanto en mirar hacia atrás, para buscar responsabilidades, sino que juntos mirar hacia adelante, para ver cómo hacemos, en forma eficaz, oportuna y exitosa esta gran reforma, que se la debemos no solamente a nuestros reclusos, sino que también a toda nuestra sociedad".
Añadió, en este contexto, que "la situación de hacinamiento de nuestras cárceles es definitivamente inhumana y absolutamente inaceptable. Y estamos todos convencidos de que atenta gravemente contra los derechos humanos".

El Informe Anual recoge la situación nacional en materias como situación de la mujer, pueblos originarios, diversidad sexual, infancia y adolescencia, población carcelaria, situación de refugiados y violaciones a los Derechos Humanos.

En materia de pueblos originarios, el Mandatario destacó que "hemos puesto en marcha una ambiciosa y poderosa agenda programática en beneficio de nuestros pueblos originarios, que incluye una reforma constitucional, de reconocimiento constitucional a nuestros pueblos originarios que con razón demandan, dejando atrás una estrategia implícita de asimilación, para avanzar hacia un auténtico respeto, valoración y protección de su idioma, cultura, tradiciones y valores, las cuales forman parte fundamental de la identidad de Chile como nación". Citó además, los avances en la incorporación plena al convenio 169 de la OIT y la constitución de una amplia mesa de diálogo, "integrada por el Gobierno, las Iglesias, las sociedades civiles y naturalmente por representantes del pueblo Mapuche, y que vamos a extender a otras etnias en nuestro país", manifestó.

En cuanto a género, el Jefe de Estado reconoció los progresos logrados por gobiernos anteriores y sostuvo que es necesario "acelerar el tranco para lograr una mayor igualdad en materia de derechos, de libertades, de oportunidades y también de responsabilidades entre hombres y mujeres en nuestro país, donde a pesar de lo mucho avanzado, todavía tenemos un largo camino que recorrer". Valoró, a modo de ejemplo, la creación de 600 mil nuevos empleos para mujeres durante su mandato.

Al referirse a la infancia, el Presidente Piñera dijo que "no podemos desconocer, ni simplemente ignorar, que en Chile son demasiados los niños y niñas a los cuales no se le respetan sus derechos humanos. Uno de cada cuatro niños en nuestro país vive en condiciones de pobreza; tres de cada cuatro niños en nuestro país han sido víctimas de maltrato psicológico o físico; más de 100 mil de nuestros niños y niñas siguen siendo forzados a trabajar y desertar de la escuela; y son miles los niños que cada año caen y se suman a las garras de la droga, el alcohol, la prostitución y la delincuencia", expresó.

Con respecto a la seguridad laboral, el Mandatario señaló que "hemos aprendido las lecciones de lo ocurrido en la Mina San José, y estamos trabajando para alcanzar -revisando nuestra legislación- procedimientos, mecanismos de fiscalización, estándares propios de países desarrollados en materia de seguridad y dignidad en el trabajo, creando una verdadera cultura de seguridad y dignidad en el trabajo", acotó.
Finalmente, el Jefe de Estado ratificó su "compromiso personal y de nuestro Gobierno, con una cultura de respeto a los Derechos Humanos en todo tiempo, lugar y circunstancia en nuestro país

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Rodrigo Delaveau, Director del Programa Justicia de LyD:

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 LA CONCERTACION FUE INCAPAZ DE SACAR ADELANTE LA AGENDA DE CONCESION DE CARCELES

 

 

 

 

 

Rodrigo Delaveau, Director del Programa Legislativo y de Justicia de LyD.

 

 

 

El programa de cárceles diseñado en los gobiernos de la Concertación, presentó un preocupante y persistente atraso que derivó en una desprotección de la ciudadanía, del personal de gendarmería y de los propios condenados.

Para  marzo de 2006, el gobierno del Presidente Ricardo Lagos prometió 10 cárceles concesionadas. Cuatro años después, y hacia el fin  del gobierno de la Presidente Bachelet, sólo 6 de ellas estaban operando, mientras las obras de construcción del nuevo penal de Concepción, en la Región del  Bío Bío, aún se están ejecutando. 

La razón de este atraso, tal como lo establecieron los tribunales y la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, se debe principalmente a la mala  gestión de los últimos gobiernos en el diseño, coordinación y gestión de los procesos de construcción. 

 

 "Los dos últimos gobiernos fueron incapaces de sacar adelante la agenda de cárceles concesionadas. Existe un claro retraso en la construcción e implementación de estos recintos, lo cual ha tenido un serio impacto en las cifras de hacinamiento de los internos", explica Rodrigo Delaveau, Director del Programa Justicia de LyD.

Este retraso tiene consecuencias muy concretas en la seguridad de las personas, con consecuencias como lo ocurrido ayer en la cárcel de San Miguel.

"Es presumible que esta situación podría haberse evitado, o al menos, aminorado, si se hubieran concesionado nuevos establecimientos penitenciarios cuando se prometieron", señala Delaveau, agregando que  es tarea del nuevo gobierno llevar adelante esta importante política pública que la última administración de la Concertación no fue capaz de desarrollar.

"Todas las mediciones e informes periódicos a que están sometidas permanentemente las cárceles concesionadas muestran sistemáticamente los buenos indicadores en esta área, haciendo que existan gendarmes de dos categorías: los que trabajan en establecimientos tradicionales y los que laboran en cárceles concesionadas", enfatiza.

LEA LOS ULTIMOS DOCUMENTOS SOBRE EL TEMA

TP- 955 CÁRCELES: 4 AÑOS PERDIDOS EN PREVENCION, REHABILITACION Y SEGURIDAD CIUDADANA

TP- 917 CONCESIONES DE CÁRCELES: PARA AVANZAR MAS EN PREVENCION Y REHABILITACION

TP - 898 LA URGENCIA DE REACTIVAR LA CONCESION DE CÁRCELES

 

Santiago, 9 de diciembre de 2010.

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Ministra Benítez ratificó compromiso de Chile para reducir en 20% sus emisiones

Una intensa agenda de trabajo ha desarrollado la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, en la 16ª edición de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP16), instancia que reúne a representantes de todo el mundo para analizar el cambio climático y el rol que juegan las naciones para controlar el efecto invernadero.

En su intervención, Benítez -que encabeza la delegación chilena- manifestó que los efectos que los trastornos climáticos que se están ocasionando exigen una urgente respuesta por parte de la comunidad internacional. Aseguró que el gobierno chileno se comprometió a realizar Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación para limitar el crecimiento de emisiones en un 20% respecto de la proyección del escenario de referencia - business as usual - al 2020, utilizando tanto recursos nacionales como internacionales. "Chile asume este compromiso convencido de que no existe contradicción entre la búsqueda del crecimiento y el desarrollo sustentable", destacó.

Añadió que la COP16 está abriendo la posibilidad de sentar las bases para un acuerdo vinculante. "La obtención de resultados está a nuestro alcance si abordamos este desafío con una mirada integral, con una visión común de futuro, lo que significa reconocer la urgencia de la situación así como las diferencias y la necesidad que todos los países contribuyan en la consecución de un acuerdo que nos identifique a todos", concluyó.




Fuente:DF
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