Felipe Morandé
Macrocoordinador Grupos Tantauco
En lo medular, el programa económico de Sebastián Piñera orienta sus propuestas hacia la consecución de un gran objetivo, que es colocar a Chile en el club de los países desarrollados para el bicentenario de la instauración de la República, el año 2018. Dicho status se lograría con un PIB per cápita de US$ 22.000, cifra equivalente a la que presenta Portugal en la actualidad. Pero ser desarrollado no significa solamente alcanzar un nivel dado de ingreso per cápita. También involucra eliminar la pobreza y la indigencia (tal como se miden hoy), lo que se consigue a partir del crecimiento económico, la consiguiente creación de empleos (un millón de plazas desde el próximo año hasta el 2015), una adecuada política de capacitación laboral y una potenciada política social.
La meta respecto del PIB per cápita se alcanzaría si crecemos entre 2010 y 2018 a una tasa promedio anual de 6%, nada fácil pero no imposible. Lo primordial es apuntar a una recuperación del aporte de la productividad al crecimiento, el que en la época dorada (1986-1996) superó los tres puntos porcentuales, casi la mitad del crecimiento del PIB en el período. En los últimos cuatro años, dicho aporte no sólo se ha reducido, sino que es derechamente negativo (-0,5 puntos porcentuales). Piñera ha planteado como propósito que la productividad contribuya con 1,5 puntos porcentuales, lo que obviamente requiere de una serie de políticas a favor del emprendimiento, la innovación, la oferta diversificada de energía, así como de la promoción de la competencia y de la flexibilidad de los mercados. Si tomamos como referencia el período de Ricardo Lagos (crecimiento promedio de la economía de 4,3% anual), en cuanto a la contribución de la inversión y el empleo, el aumento en el aporte de la productividad a 1,5 puntos elevaría la tasa de expansión del PIB sobre 6%.
El programa de gobierno de Piñera es muy ambicioso en cuanto a seguridad ciudadana, gasto social y emprendimiento más innovación. Los recursos públicos contemplados para estas áreas prioritarias son también cuantiosos, pero abordables. El programa más caro, sin duda, es el que postula duplicar la subvención educacional gradualmente entre 2010 y 2018, con una expensa de más de US$ 1.600 millones adicionales en 2013. Esto significa más de un tercio del total de recursos contemplados en el programa de nuevos gastos para ese año. Pero esta inversión adicional no debe traspasarse sin cambios profundos en el Estatuto Docente, de modo de modernizar la estructura de incentivos en la carrera docente, mejorando sustancialmente las rentas de los buenos maestros y permitir a los más antiguos una salida digna del magisterio. Al final del día, un incremento tan importante de los recursos de los contribuyentes destinados a la educación subvencionada no puede sino venir de la mano de resultados concretos de una mejor calidad de esa educación, la que pasa, entre otras cosas, por mejorar la gestión de las escuelas y liceos.
Un segundo ítem "gordo" en materia de recursos adicionales es el programa de ingreso ético familiar, que es básicamente un subsidio monetario a los hogares más vulnerables y pobres de modo que ninguna familia tenga un ingreso inferior a $ 250.000 mensuales. Aunque este programa va a absorber a otros ya existentes, de todos modos requiere de dineros fiscales frescos, los que rondarían los US$ 800 millones anuales hacia 2013. En 2010, si incluimos en esta línea el "bono marzo" ya comprometido, la cifra se empinaría a los US$ 500 millones. También es relevante financieramente hablando el propósito de extender los programas de subsidio al empleo a mujeres y otros grupos vulnerables, aunque sería éste solo un esfuerzo temporal (bajo la premisa que el desempleo se reduce sustancialmente hacia el año 2012) que implicaría una erogación de unos US$ 175 millones en 2010 y 2011.
Siguiendo en el área social, en salud el programa de Piñera plantea la construcción de diez nuevos hospitales construidos por el mecanismo de concesiones – que no implican recursos públicos directamente – y de 76 consultorios que, más la refacción de hospitales existentes, demandarán una inversión total de casi US$ 500 millones en el período de gobierno, a lo que hay que agregar mayores gastos por unos US$ 570 millones anuales en 2013 por concepto de operación de estas nuevas instalaciones más el "bono Auge" y otros gastos recurrentes necesarios para garantizar una salud de calidad a los usuarios del sistema público.
En seguridad ciudadana se planea una inversión de recursos fiscales de más de US$ 650 millones en el período presidencial (poco menos de US$ 300 millones en 2013) para efectos de facilitar el acceso a la justicia de las víctimas de la delincuencia, para tener 10 mil carabineros más en las calles y para la construcción y operación de centros de rehabilitación nuevas.
Finalmente, está considerada una inversión de más de US$ 500 millones en el período presidencial en lo que se ha denominado la "revolución digital", que contempla una distribución masiva de "notebooks" entre niños de menores ingresos y un aumento sustancial en las conexiones de banda ancha con apoyo del Estado.
A la anterior lista de programas de nuevas inversiones en capital humano, se agregan también apoyos por la vía tributaria a las Pymes, como la extensión del beneficio de pagar impuestos sólo sobre utilidades distribuidas, la que implica una menor recaudación de unos US$ 180 millones en 2013; el estímulo a la inversión privada, hoy tan deprimida, por la vía de aplicar el mecanismo de depreciación acelerada entre 2010 y 2012, lo que requiere poco más de US$ 300 millones en total; y la reducción del impuesto de timbres y estampillas, una verdadera traba al crecimiento y al acceso de las Pymes a condiciones más competitivas de crédito, desde 1,2% a 0,6%, lo que acarrea un gasto tributario adicional de alrededor de US$ 250 millones anuales en 2013.
Un mayor crecimiento económico, una reducción de la evasión tributaria y, especialmente, un uso más eficiente de los recursos (es decir, una mejor gestión del aparato estatal que permitiría ahorros en torno a los US$ 1.300 millones hacia el 2013), permitirán al fisco obtener los dineros requeridos para este ambicioso, pero muy necesario, programa.
